Vivienda en 2025: entre la función social y la sostenibilidad del mercado
El reto pendiente de la coherencia normativa en España y la Unión Europea
(Imagen: E&J)
Vivienda en 2025: entre la función social y la sostenibilidad del mercado
El reto pendiente de la coherencia normativa en España y la Unión Europea
(Imagen: E&J)
La vivienda se ha convertido en 2025 en uno de los ejes centrales del debate jurídico, económico y político en España y en el conjunto de la Unión Europea. El encarecimiento sostenido del alquiler en áreas metropolitanas, la presión demográfica, la escasez estructural de parque público, la creciente intervención regulatoria y las exigencias derivadas de la transición ecológica han configurado un escenario de alta complejidad normativa.
En el ordenamiento español, el punto de partida sigue siendo el artículo 47 de la Constitución Española (CE), que reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y encomienda a los poderes públicos promover las condiciones necesarias para hacerlo efectivo. No obstante, su ubicación sistemática dentro de los principios rectores de la política social y económica (Capítulo III del Título I CE) ha limitado históricamente su exigibilidad directa, conforme a lo dispuesto en el artículo 53.3 CE.
El Tribunal Constitucional ha reiterado esta naturaleza programática, entre otras, en la STC 152/1988 y en la STC 32/2019, recordando que el derecho a la vivienda no constituye un derecho fundamental susceptible de amparo directo, aunque sí un mandato vinculante para el legislador. Esta tensión entre reconocimiento constitucional y eficacia práctica explica en parte la evolución reciente del marco normativo.
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