Yolanda Diaz califica la situación de los interinos y les anima a ir a la vía judicial: “Lo ganarán”

En un acto multitudinario celebrado el pasado viernes en el Teatro Romano de Mérida, para presentar su plataforma SUMAR, la actual vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Diaz y Ministra de Trabajo, volvió a insistir, como hiciera hace cinco meses en el Senado, sobre la gravedad del problema de la temporalidad pública en nuestro país.

Lo que realmente sorprende de sus declaraciones es el incitar los interinos a que reclamen judicialmente que “lo van a ganar”, cuando realmente se aprobó una ley, la 20/2021 de 28 de diciembre para evitar la judicialización.

Además los fallos judiciales son dispares. En algunas ocasiones los  tribunales contenciosos, lejos de reconocer los derechos de este colectivo, están condenando en costas en algunas ocasiones. Un disparate, en suma.

Ya hace unos meses, en aquella intervención parlamentaria en el Senado, del pasado mes de mayo, a pregunta del senador del PAR, Clemente Sánchez-Garnica que le preguntó por la situación de los más de 800.000 interinos en fraude de ley en nuestro país. Díaz señaló que el problema “está en las Administraciones públicas, especialmente en Sanidad y Educación. Y tiene que ser abordado. Tener la sanidad y la educación en estas situaciones tan precarias, no les doy mi opinión, porque no me compete, pero créanme que es vergonzante”.

Lo que realmente sorprende de sus declaraciones es el incitar los interinos a que reclamen judicialmente que “lo van a ganar” (Foto: Twitter)

Cinco meses después Díaz presentó SUMAR en Mérida y pidió a los asistentes que le hicieran propuestas de mejora para la situación de nuestro país al término de la presentación de su propuesta política. Cuatro preguntas recibió y la última sobre el problema de la temporalidad en las administraciones.

Esta cuestión fue formulada por Marisa Gonzalez, trabajadora interina publica en fraude de ley y presidenta de la Asociación de Personal Interino y Laboral Temporal de Extremadura (PILTEX), que le interrogó sobre qué solución veía a la problemática de estos trabajadores en fraude, la respuesta de Yolanda Díaz volvió a ser concluyente y desconcertante.

En su intervención de algo más de dos minutos subrayó que es vergonzoso la tasa de temporalidad que existe en las administraciones públicas: “Lo he dicho siempre, desde mi etapa de abogada a ahora que estoy en este Ministerio. Se está avanzando en derechos pero hay mucho por hacer “.

🧨🧨@Yolanda_Diaz_ @sumar ante la pregunta de la Presidenta de @APiltex
No es su competencia, cierto, pero no lo es menos que en otros temas de Estado si se ha mojado.
La UE tampoco distingue entre empleados publicos y privados, por tanto…#FijezaYa pic.twitter.com/V38xnJX51J

— Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal (@ceppt2021) October 29, 2022

Reconoció que la “temporalidad en el ámbito privado se ha reducido en seis puntos, lo que nos sitúa en estándares europeos similares, pero yo no puedo hacer nada en esta materia en la que no tengo competencia. Esa temporalidad elevada esta concentrada en las Comunidades Autónomas especialmente en estos momentos”.

Diaz habló que la situación es dramática “con personal sanitario y educativo y otros servicios públicos que no solo están en fraude de ley, esto hace que cuando interpongáis acciones legales ganaréis los pleitos porque la situación es insostenible, esto no solo lo digo yo sino también la Comisión Europea. Es fundamental mejorar las relaciones en el ámbito público”.

Una situación injusta

Por su parte Marisa Gonzalez, trabajadora en fraude de ley durante muchos años, es la presidenta de la  Asociación de Personal Interino y Laboral Temporal de Extremadura (PILTEX) creada para defender los intereses de este colectivo profesional, muchos de ellos en fraude de ley . Hizo la pregunta para buscar una solución a la situación de este colectivo tan maltratado.

La Ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada a finales del año pasado introdujo una serie de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, con el objetivo de reforzar el carácter temporal de la figura del personal interino, aclarar los procedimientos de acceso a la condición de personal interino, objetivar las causas de cese de este personal e implantar un régimen de responsabilidades disuasorio de futuros incumplimientos.

Sin embargo, a nivel práctico poco se ha conseguido porque la polémica ha estado sobrevolando esta iniciativa. La mayor parte de las Administraciones Públicas ofertaron  antes del 1 de junio de 2022, las plazas de trabajadores temporales que están actualmente ocupadas para convocar concursos de méritos o concurso oposición según la norma aprobada.

Estos procesos selectivos deberán finalizar antes del 31 de diciembre de 2024 y una parte importante del colectivo deberá haber logrado su plaza. Sin embargo, en la práctica no es todo tan sencillo como pudiera parecer.

La falta de un control de estos procesos ha hecho que en la mayor parte de los casos se hayan impugnado estas convocatorias. En el caso de Extremadura, Gonzalez señala que de los 6000 interinos afectados en la Administración General, solo se han sacado 1900 plazas: “Las plazas no está ordenadas por categorías, se va a dejar a mucha gente en la calle”. aclara.

También destaca que el acuerdo al que ha llegado la Junta de Extremadura con los grandes sindicatos CCOO y UGT impulsa que a nivel laboral se de prioridad a concursos de traslados y ascensos a nivel laboral por encima del concurso de méritos que fija la ley 20/2021 para el personal que se intenta estabilizar.

“Son procedimientos que deberían ser diferentes pero que se han mezclado sin tener en cuenta el espíritu de esta ley”, denuncia

Desde este colectivo, como pasa en otras Comunidades Autónomas se han impugnado gran parte de la convocatoria de estos procesos selectivos.

“En Extremadura hemos impugnado de la mano del abogado Javier Arauz esta oferta de estabilización, insuficiente a todas luces al TSJ de Extremadura, también con el apoyo de USO, sindicato que nos apoya. También afectados a nivel individual han impugnado su plaza que no estaba contemplada”, destacó.

En cuanto a las reacciones de las declaraciones de Díaz sobre esta cuestión, algunos juristas destacan para Economist & Jurist que los tribunales no pueden ser la solución a una normativa que no se está cumpliendo.

Colapsar juzgados no es la solución

Así, desde Vigo, Fabián Valero, socio director de Zeres Abogados, que acaba de recibir la sentencia de la anulación de la convocatoria de la Universidad de Vigo, conocedor de la problemática especialmente a nivel sanitario y docente, cree que “ la solución frente al abuso no puede pasar por colapsar los  juzgados, sino que es necesario que se lleven a cabo las modificaciones legales de la ley 20/21 que trasponga bien la Directiva 1999/70 y sancione adecuadamente el abuso”.

Fabián Valero: “La solución no puede pasar por colapsar los juzgados, sino que es necesario que se lleven a cabo las modificaciones legales de la ley 20/21 que trasponga bien la Directiva 1999/70 y sancione adecuadamente el abuso” (Foto: Zeres Abogados)

Para este jurista, “en el caso de que no exista una sanción efectiva, la temporalidad se va a perpetuar. De hecho, con la modificación del Estatuto de los Trabajadores en el sector privado ha bajado de forma notable. Sin embargo, si ha repuntado en el sector público es porque no se ha modificado bien el EBEP del empleado público”.

Este jurista constata que la tónica general es la impugnación de las convocatorias de las ofertas de estabilización en casi todas las comunidades autónomas: “Se sacan mucho menos plazas de las que candidatos existen a concurso público. Nosotros hemos impugnado algunas de ellas. Cuando lleguen las convocatorias habrá mas impugnaciones, sobre todo en cuanto a la forma de valorar los méritos de cada uno”.

Valero coincide con las apreciaciones hechas por Díaz “de que hay más temporalidad en fraude de ley en las comunidades autónomas y administraciones locales y su aparato administrativo. Muchas de ellas asumen las competencias de sanidad, educación y justicia donde la interinidad es notable al encadenar estos profesionales contrato tras contrato”.

A su juicio, el desenlace de esta nueva normativa no presagia nada bueno: “Es previsible que el asunto se judicialice mucho más, haya ceses inesperados y el pronóstico es que muchas de estas conquistas laborales se hagan en los tribunales, especialmente en los juzgados de lo social. Las cuestiones prejudiciales interpuestas por el juez Federico Vidal del contencioso 17 de Barcelona pueden ser claves en este desenlace”.

Fallos judiciales dispares

Por su parte, Beatriz González, abogada experta en derecho administrativo que gestiona muchas reclamaciones de trabajadores interinos en toda España, señala que “la aprobación de la Ley 20/21 no ha traspuesto correctamente la Directiva  1999/70 y no hay una sanción adecuada para frenar el abuso Muchos temporales han perdido su puesto de trabajo y se van sin una triste indemnización”.

Beatriz Gonzalez, abogada de interinos: “ La ley 20/21 no ha traspuesto bien la Directiva 1999/70 y muchos interinos están perdiendo su puesto de trabajo» (Foto: Archivo)

Para esta jurista parece claro que Yolanda Díaz se ha centrado más en impulsar la reforma laboral en la empresa privada que cumplirá su primer año en diciembre que estar pendiente del fraude en las administraciones públicas de nuestro país: “Es evidente que conoce bien toda la problemática y lo que sorprende de sus declaraciones es que existiendo una ley 20/21 para frenar la temporalidad hable de acudir a los tribunales cuando los jueces no lo tienen claro. aun en sus planteamientos”.

Esta experta, que está en contacto permanente con el colectivo de trabajadores interinos en nuestro país, asevera: “Hay que aclarar que los asuntos que se ganan en los tribunales tras años de reclamaciones son una parte ínfima del total existente de procedimientos judiciales”.

Al mismo tiempo, destaca que “la propia Sala Contenciosa del Supremo en un último auto dejó claro que tenía claro cómo actuar en estos casos y que no iba a suspender ningún procedimiento a la espera de que el TJUE resolviera las cuestiones prejudiciales del juzgado de 17 contencioso de  Barcelona. Unos planteamientos que aunque reconoce la situación de abuso no fija ninguna indemnización para el interino al no estar reconocida en nuestra legislación”.

A su juicio, Díaz es consciente del problema de la temporalidad en las administraciones públicas y cree que podría haber hecho algo más por estos profesionales que llevan años trabajando en fraude de ley.

“Estoy de acuerdo con ella que donde más temporalidad hay es en comunidades autónomas y administraciones locales. Cada una lo gestiona como hace y ahora la mayor parte de los procesos de estabilización en marcha están impugnados porque hay menos plazas convocadas que candidatos en fraude de ley”, señala esta jurista.