Nulidad de contrato de tarjeta de crédito revolving

Parte Demandante:

Doña Inma

Parte Demandada:

Entidad Financiera

Parte Codemandada:

Entidad Prestamista

Parte Demandante:

Se dicte Sentencia por la que acuerde:

• Con carácter principal:

1. Declarar la nulidad por usura del contrato de fecha 10 de febrero de 2004 suscrito entre las partes, con la aplicación de las consecuencias legales inherentes a tal declaración en los términos descritos en el art. 3 de la Ley de Represión de la Usura y, por tanto,

2. Condene a la entidad demandada a restituir todas las cantidades abonadas en exceso, una vez cubierto el capital prestado. Todo ello con los correspondientes intereses legales e intereses judiciales del art. 576 desde el dictado de la Sentencia hasta completo pago.

• Subsidiariamente, acuerde:

1. Declarar la nulidad de pleno derecho del contrato por incumplimiento del artículo 80.1.b) relativo al tamaño de la letra exigible, establecida en un milímetro y medio; y, por tanto,

2. Condene a la entidad demandada a restituir todas las cantidades abonadas en exceso, una vez cubierto el capital prestado. Todo ello con los correspondientes intereses legales e intereses judiciales del art. 576 desde el dictado de la Sentencia hasta completo pago.

• Subsidiariamente, acuerde:

1. Declarar la no incorporación y nulidad de las cláusulas referidas al tipo de interés remuneratorio del contrato litigioso (cláusula 7.2.(b)), así como al seguro suscrito con el mismo (cláusula 10), y la cláusula de comisiones (cláusula 14) y, en su virtud, acuerde las consecuencias inherentes a tal declaración, en los términos previstos en los arts. 7 y 8 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, en 18 relación con el art. 1.303 del Código Civil,

2. Condenando a la eliminación de tales cláusulas y a la restitución de las cantidades indebidamente abonadas en aplicación de tales cláusulas, con sus intereses legales desde cada pago al tipo de interés legal hasta el momento de Sentencia y al tipo previsto en el art. 576 LEC desde Sentencia hasta el completo pago.

• Todo ello con expresa imposición de costas a la parte demandada.

Parte Demandada y codemandada:

Que se desestime la Demanda.

Parte Demandante:

Primero.- Del carácter usurario del crédito

Se solicita la declaración de nulidad del crédito por usura según lo preceptuado en el art. 1 de la Ley de Represión de la Usura. Conforme a esta norma, serán reputados usuarios todos los préstamos en lo que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso.

En el presente caso, el tipo de interés fijado en el contrato era de 20,27% (posteriormente 21,99%) TAE. Sin embargo, el tipo de interés normal y habitual para las operaciones de Crédito al consumo a más de 5 años” asciende a 7,1500%, existiendo una diferencia de 13,12 puntos porcentaje, claramente usurario.

Esta diferencia debe considerarse manifiestamente superior al interés normal y habitual del dinero. Una diferencia como esta supone que la deuda que mantiene mi mandante con la entidad financiera ascienda de manera considerable sin justificación alguna, máxime aun cuando la prestataria desconocía por completo los intereses reales que se le estaban imponiendo en el momento de la contratación.

En consecuencia, a fin de determinar si el interés es notablemente superior al interés normal del dinero, se debe acudir a las circunstancias del caso concreto y relacionarlo con la comprensibilidad de la prestataria del alcance de la operación. Como se ha expuesto, la comprensibilidad de la prestataria de los intereses, y de la espiral de deuda que supone este tipo de contrato de crédito era totalmente inexistente.

Cuando la entidad impuso ese tipo remuneratorio inicialmente, se alejó completamente de las circunstancias concretas del caso y no realizó ningún tipo de evaluación previa de solvencia del prestatario. En consecuencia, no se puede alegar que el tipo responda a cuestiones particulares referidas al caso y al perfil de solvencia del cliente.

En este sentido, resulta plenamente aplicable lo dispuesto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, reunida en Pleno del 4 de marzo de 2020 en cuanto a la no exigencia de la concurrencia de abuso o prevalimiento de la situación de debilidad, desconocimiento o incapacidad del cliente, que en todo caso se habría dado al abusar del desconocimiento de mi mandante.

En relación con los efectos de la declaración de nulidad, deberá aplicarse lo previsto en el art. 3 LRU según la cual «Declarada con arreglo a esta ley la nulidad de un contrato, el prestatario estará obligado a entregar tan solo la suma recibida; y si hubiera satisfecho parte de aquélla y los intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado». Huelga manifestar que la nulidad del contrato afecta también al seguro vinculado a la tarjeta y a la cláusula de comisiones.

Así, cabe manifestar que la declaración de nulidad del contrato implica que lo único a lo que está obligada a pagar la prestataria es el capital prestado, ni intereses remuneratorios, ni primas de seguros, ni comisiones por disposición de efectivo o de aplazamiento.

Segundo.- De la aplicación de la normativa de crédito al consumo El contrato litigioso está sujeto a la Ley 16/2011, de Crédito al Consumo, puesto que el crédito se confiere a un consumidor para atender las circunstancias personales y familiares del prestatario.

En consecuencia, resultaba obligatoria la evaluación de riesgo prevista en el art. 14 de la citada Ley, la cual no ha tenido lugar en el presente supuesto. Tampoco se han cumplido las obligaciones de información previa, con entrega de una oferta vínculante (art. 8 de dicha ley) y ficha de información precontractual (art. 11), con indicación de la TAE, acompañada de un ejemplo representativo o una simulación, entre otros incumplimientos normativos de relevancia.

Tercero.- De la abusividad

Como se ha expuesto anteriormente, la Sra. Inma cuenta con la condición de consumidor ex art. 3 LGDCU. Así, al tratarse de una consumidora le serán de aplicación las normas tuitivas previstas tanto en el TRLGDCU, como en cualquier otra normativa de protección a los consumidores.

El art. 80.1 a) TRLGDCU establece que las condiciones generales deben cumplir los requisitos de concreción, claridad y sencillez en la redacción, con posibilidad de comprensión directa, sin reenvíos a textos o documentos que no se faciliten previa o simultáneamente a la conclusión del contrato, y a los que, en todo caso, deberá hacerse referencia expresa en el documento contractual. Requisitos tales que no se han visto cumplidos en el presente caso.

En consecuencia, ya solamente con el hecho de que el tamaño de la letra fijada en el contrato sea inferior al milímetro y medio, debería considerarse el presente contrato nulo de pleno derecho.

Pero es que -además de todo lo anterior- al encontrarnos ante condiciones generales de la contratación, los pactos sobre interés remuneratorio no resultan conforme a las exigencias legales del art. 80.1 a) LGDCU, como tampoco las reúne la imposición del seguro, ni la del cobro de las comisiones por disposición de efectivo y por aplazamiento. En concreto, nos referimos a las cláusulas 7.2.- Funcionamiento del sistema de pago b) Modalidad CRÉDITO, 10.- Seguro de vida y 14.- Régimen de comisiones y gastos.

No se cumplen, por tanto, las condiciones requeridas para superar los controles de inclusión y transparencia formal previstas en los arts. 5 y 7 LCGC, por lo que deben tenerse por no puestas tales condiciones y convertir el crédito en un crédito sin interés, sin que sea posible aminorar el tipo de interés previsto en el contrato ni integrar el contrato aplicando otra disposición legal, puesto que tal posibilidad queda únicamente como opción posible para evitar una nulidad contractual en perjuicio del consumidor, lo que no se da en el caso que nos ocupa.

En consecuencia, para el improbable e hipotético caso de que no se considere que exista usura en el presente supuesto, se deberá considerar el contrato nulo de pleno derecho por el diminuto tamaño de la letra fijada en el contrato (inferior al milímetro y medio). Subsidiariamente, será de aplicación lo previsto en los arts. 7 y 8 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, en relación con el art. 1.301 CC, con la inherente restitución de cantidades, con sus intereses legales desde la fecha de cada indebido pago hasta Sentencia y, a partir de entonces, al tipo moratorio previsto en el art. 576 LEC.

Cuarto.- Iura novit curia.

Parte Demandada:

Se opuso a la Demanda, alegando que carece de legitimación pasiva respecto de la acción de nulidad contractual porque simplemente es la cesionaria de un derecho de crédito con origen en aquel contrato del que no es parte, y en el hipotético caso de que se declare su nulidad y hubiera que devolver alguna cantidad, no estaría legitimada para devolver las cantidades abonadas con anterioridad a la cesión, pues fueron percibidas por la cedente, siendo que de hecho únicamente ha recibido un pago de 714’84 euros con posterioridad a la cesión, que saldaba el crédito cedido.

En todo caso, en cuanto al fondo del asunto, niega que los intereses remuneratorios del contrato objeto de Demanda sean usurarios; alega que al tiempo de suscribirse el contrato no se exigía un mínimo de tamaño de letra; así como alega la superación del control de transparencia respecto de las cláusulas cuestionadas.

Parte Codemandada:

Se opuso a la Demanda, alegando el carácter no usurario de los intereses remuneratorios, la no exigencia legal de un mínimo de tamaño de letra al tiempo del contrato y en esencia la validez de las cláusulas objeto de Demanda. Asimismo, se alega la prescripción parcial de la acción restitutoria.

Afirmaba en su contestación a la Demanda que el contrato se suscribió de manera presencial, en un espacio específicamente habilitado para la contratación y orientación al cliente en productos crediticios y financieros, con la intervención de personal especializado y conocedor tanto de la tarjeta como del funcionamiento del crédito (“revolving”). Por lo tanto, el personal realizó una explicación verbal del producto, incluyendo una descripción de las características esenciales, de su funcionamiento (modalidades de uso), del precio (tipo de interés y TAE), así como de los servicios adicionales que incorpora la tarjeta (seguros), resolviendo todas aquellas dudas o preguntas que pueda formular el cliente.

• Artículo 80. Requisitos de las cláusulas no negociadas individualmente. , Artículo 7. Concepto de proveedor. Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
• Artículo 1301. , Artículo 1303. Código Civil.
• Artículo 576. Intereses de la mora procesal. Ley de Enjuiciamiento Civil.
• Artículo 8. Nulidad. , Artículo 7. No incorporación. , Artículo 5. Requisitos de incorporación. LEY 7/1998, DE 13 DE ABRIL, SOBRE CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACION.
• Artículo 1.º , Art. 3.º Ley de 23 de julio de 1908 sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios.
• Artículo 14. Obligación de evaluar la solvencia del consumidor. , Artículo 11. Asistencia al consumidor previa al contrato. Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo.

Parte Demandante:

• Documento núm. 1: contrato de tarjeta revolving.
• Documento núm. 2: los recibos de las cuotas de la tarjeta del periodo existente entre diciembre de 2014 hasta julio de 2019.
• Documento núm. 3: cuadro publicado por el Banco de España.
• Documento núm. 4: la carta de reclamación extrajudicial enviada a entidad prestamista.
•  Documento núm. 5: la respuesta recibida de entidad prestamista.
• Documento núm. 6: la reclamación enviada a Entidad Financiera.
• Documento núm. 7: noticias.

Documentales

– El 10 de marzo de 2021 se interpone la Demanda.

– El 22 de febrero de 2023 convocada la audiencia previa, fue apreciada la excepción procesal de falta de litisconsorcio pasivo necesario con respecto a la Entidad Prestamista, otorgándose a la parte actora un plazo de diez días para ampliar la Demanda contra la misma.

– EL 17 de noviembre de 2023 se dicta Sentencia estimatoria contra la cuál cabe interponer recurso de apelación.