La respuesta es rotundamente no: la Administración debe cumplir siempre sus deberes legales y no debe cercenar jamás las garantías con las que la Ley ha diseñado el procedimiento administrativo. El Tribunal Supremo, en Sentencia (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª) de 22 febrero de 2022, ha declarado respecto de las solicitudes presentadas por vía […]
