La Ley Orgánica 5/2010 de reforma del Código penal derogó el art. 31. 2 de ese cuerpo normativo, que imponía la solidaridad de la pena de multa entre el real infractor (persona física) y la empresa o sociedad para la que ejercía los actos de representación (persona jurídica). Si bien contuvo otras novedades, la principal […]
