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Economía

6 millones de euros para financiar a los abogados de oficio

Redactor de Economist & Jurist.

Tiempo de lectura: 3 min

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  • El pacto lo han llevado a cabo la Comunidad de Madrid junto al Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid.


 



El Consejo de Colegios de Abogados de Madrid, que incluye al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y al Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares (ICAAH), junto a la Comunidad de Madrid, firmaron ayer un convenio para asegurar que los abogados del turno de oficio obtengan remuneración por su actividad de defensa de los ciudadanos, siempre que no se les reconozca con posterioridad a estos últimos el servicio de Asistencia Jurídica Gratuita. Con este acuerdo, queda fijado el pago de una subvención directa para el ejercicio 2021 de 6 millones de euros. El pacto lo firmaron Enrique López, de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, y por los decanos José María Alonso y Ángel Llamas en representación del Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid.

Con la firma de este acuerdo, las pretensiones pasan por la dignificación del trabajo que realizan estos abogados y la obtención de una remuneración suficiente acorde con la labor realizada. (Fuente: Economist & Jurist).

La firma de este convenio garantiza la tutela judicial efectiva para 2021. Desde el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, la directora de Servicios a la Ciudadanía, Marisol Cuevas, ha destacado la relevancia de la consecución de este hecho al afirmar para este medio que “la tutela judicial efectiva es un derecho fundamental garantizado constitucionalmente y prestado, en cuanto a defensa jurídica se refiere por abogados de turno de oficio, cuando siendo perceptiva su intervención el ciudadano no lo designa libremente. Esta garantía debe prestarla el Estado y, por tanto, provisionar las cantidades necesarias par cubrir el coste que ello puede tener. Con este Convenio se garantiza el pago de las actuaciones letradas, cuando estos profesionales son designados a requerimiento judicial para la defensa de los intereses de quien no ha acreditado insuficiencia de recursos económicos”. De ahí la importancia de este Convenio, ya que es necesario acreditar que la justicia es igual para todos y por ello, aquellos que carecen de recursos económicos tienen derecho a ser defendidos judicialmente.

Además, destaca los beneficios y la necesidad de un pacto que garantice la asistencia jurídica gratuita, al establecer que “la Asistencia Jurídica Gratuita es una prestación pública que permite a los ciudadanos litigar de forma gratuita en defensa de sus intereses, siempre que acrediten insuficiencia de recursos para hacer frente a los gastos en un procedimiento judicial”. Y defiende el papel que realizan estos abogados dentro del ámbito judicial ya que “garantizan el derecho fundamental a la defensa de los ciudadanos, haciéndose cargo de la defensa de sus intereses en el proceso judicial”

Con la firma de este acuerdo, las pretensiones pasan por la dignificación del trabajo que realizan estos abogados y la obtención de una remuneración suficiente acorde con la labor realizada, para que así su trabajo tenga el reconocimiento que se merece.

Pero hace tan solo unos años, esta actividad no estaba regulada de la misma manera y muchos de los profesionales no percibían cantidad alguna por los servicios prestados, aún estando la tutela judicial efectiva garantizada por la Constitución Española. Marisol Cuevas ha querido destacar este hecho al declarar que “la tutela judicial efectiva viene garantizada por la Constitución Española y, los abogados siempre han trabajado para que ningún ciudadano vea vulnerado este derecho. Toda vez que algunas de estas actuaciones quedan fuera del ámbito de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, hace cuatro años, la Comunidad de Madrid estableció esta herramienta para darles cobertura económica, ante el riesgo de que los profesionales no percibieran cantidad alguna por su trabajo, ni por parte de la Administración, ni por parte del ciudadano”.

Así, con la firma de este Convenio, queda cubierto el pago de estos profesionales, que podrán seguir defendiendo a los ciudadanos para que realmente todos puedan tener acceso a una defensa jurídica legítima, gratuita y de calidad.