Montesquieu ya estaba muerto, ¿acabarán también con su recuerdo?

Conviene recordarlo: el Estado es un instrumento creado a través de un pacto social que tiene por objeto armonizar a sus miembros y crear un entorno de convivencia real. Además, si agregamos el concepto de democracia al de Estado, su función sería la de asegurar las libertades de sus miembros creando un sistema de contrapesos que fiscalice la actividad del Gobierno. Por último, el poder del Estado capaz de limitar los abusos de poder es el Poder Judicial. ¿Nos encontramos ante el golpe definitivo a la independencia judicial que asegura nuestra ya débil democracia?

La reforma que se pretende

Vayamos al grano:

• Hasta hora, 12 de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial se escogían por una mayoría cualificada de 3/5 partes de los diputados del Congreso.
  • Así lo prevé el artículo 122 de la Constitución Española.
  • En la misma línea, según la propia Exposición de Motivos de la LOPJ, “la exigencia de una muy cualificada mayoría de tres quintos (…) garantiza, a la par que la absoluta coherencia con el carácter general del sistema democrático, la convergencia de fuerzas diversas y evita la conformación de un Consejo General que responda a una mayoría parlamentaria concreta y coyuntural”.

• Ahora se pretende que esta elección no se haga por mayoría cualificada de 3/5 partes, sino por mayoría simple, es decir, basta con la elección del Gobierno en minoría para que se pueda renovar a los miembros del CGPJ a su antojo, mientras que antes sí se contaba, al menos, con parte de la oposición.
• Hasta ahora la elección de los miembros del CGPJ debía contar, con el informe preceptivo del Consejo de Estado, el Consejo Fiscal y el propio CGPJ. Estos eran los filtros para valorar la idoneidad de los nombramientos.
• Ahora, al utilizar el cauce de proposición de Ley Orgánica y no de proyecto de Ley Orgánica, se eliminan esos controles y el nombramiento se ejecuta directamente por el Congreso y el Senado.

Hablando en román paladino: el Gobierno, aunque no desde el Ejecutivo, sino adoptando la forma de grupo parlamentario (PSOE y Unidas Podemos) han presentado una Proposición de Ley con la que pretenden destruir la poca independencia judicial que hay en España.

Además, no solo se modificará el sistema de elección de los miembros del CGPJ, sino que se resguarda del informe preceptivo que puede señalar sus intenciones espurias para con su asalto a la independencia judicial.

La estrategia es perfecta: se modifica la ley para destruir la independencia judicial y adquieren el resguardo mediático ante la opinión pública, ya que ninguna institución podrá señalar la tropelía. Si acaso, la Fiscalía, cuya cabeza es la ex ministra de Justicia nombrada por el PSOE, emitirá un informe validando a pies juntillas cualquier abuso por parte del Ejecutivo. El tema es grave.

A hurtadillas

El golpe pretende ser sibilino. Nadie sospechaba de las verdaderas intenciones del Gobierno, ni siquiera sus propios socios, aunque todos lo sospechábamos. Quizás llame la atención la falta de decoro estética, lo grosero del ardid. ¿Deberemos acostumbrarnos a esta constante humillación como pueblo?

Mientras se ejecuta la trama, el propio Tribunal Supremo, qué casualidad, hoy 14 de octubre, un día después de la presentación de la propuesta de ley, emite la sentencia de la Trama Gürtel. Para los medios voceros de la facción extremista del Gobierno, esta es la noticia importante. La batalla mediática se abre, de izquierda a derecha, mientras intentan confundir a sus correligionarios con trucos de trilero.

Es legal… injusto e inmoral

Si por algo se ha caracterizado este Gobierno es por devaluar la democracia desde la democracia. Es decir, aprovechan cualquier resquicio legal para socavar los instrumentos que puedan impedir su arbitrariedad. Solo quedan los resortes estructurales que aseguren cierto grado de libertad, que también pueden ser demolidos de un momento a otro.

Los defensores de tal medida acuden al argumento de que se ajusta a la ley. Es cierto. La reforma, aunque legal, es manifiestamente inmoral e injusta.

¿Es España un Estado fallido?

Hace unos días el diario más prestigioso de Suiza, el Neue Zürcher Zeitung, apuntó en una tribuna que España adquiría tintes de Estado fallido. Además de la inestabilidad política, dos de los rasgos definitorios de los Estados fallidos son:

1. Incapacidad para mantener el orden en la integridad del territorio a través de coerción legítima del Estado, es decir, a través de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Esto es manifiesto en la actualidad: el Estado carece de fuerza para imponerse en algunas zonas del territorio, como Cataluña
2. Inseguridad jurídica y agresión a la ley. Esta reforma destruirá la ya escasa independencia del Poder Judicial. Además, observamos cómo la nula de separación de poderes facilita que el Ejecutivo pueda actuar con impunidad, arbitrariedad y alevosía. Por poner un ejemplo, el método legal empleado para decretar el confinamiento -el estado de alarma- no se ajusta a derecho, es de lleno inconstitucional, pero los magistrados, cooptados políticamente, jamás tendrán la independencia necesaria para revertir ese disparate legal.

Parece que el diario suizo no desatina en su pronóstico y que la situación, cada vez más alarmante, puede culminar en un definitivo Estado fallido.

La verdadera motivación de esta propuesta de ley

Sabemos que la delicada situación procesal del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias Turrión, es cuando menos delicada; es imputado por tres delitos y uno de ellos con agravante de género por la macrocausa Tándem. También sabemos que el Ejecutivo debe resguardar a uno de sus puntales, pues la condena de Iglesias puede arrastrar al Gobierno a una repetición electoral con mal pronóstico para los intereses de la coalición.

Iglesias, por su condición de aforado, irá directamente al Tribunal Supremo y este órgano, no renovado desde el último gobierno del PP, tiene una mayoría conservadora que puede finalmente condenarlo.

La trama es simple: una modificación del sistema de elección de los jueves para asegurar una mayoría afín al Gobierno que exculpe a Iglesias y, de paso, una útil herramienta para controlar al Poder Judicial y cometer cualquier tipo de arbitrariedad con impunidad. Todo ello trufado con una retórica mentirosa que ni los acólitos más sectarios pueden llegar a digerir dignamente: “Esta reforma la hacemos para asegurar el funcionamiento de la institución y la renovación de sus miembros”.

Europa nos llama la atención

La Asociación Europea de Jueces, tras tener conocimiento de tales circunstancias, además de expresar “su gran preocupación porque España esté dando un paso atrás en los objetivos fundamentales para la independencia del poder judicial”, ha querido destacar, “una vez más, las normas europeas sobre la composición de los consejos del poder judicial y sobre la elección de sus miembros”. En concreto, la Recomendación de la Comisión Europea de 26 de julio de 2017, establecía en su apartado 3.3 que, “en los Estados miembros en los que se ha establecido un Consejo del Poder Judicial, su independencia es especialmente importante para evitar influencias indebidas del Gobierno o del Parlamento sobre la independencia de los jueces”.

Por la misma razón, normas europeas bien consolidadas, en particular la Recomendación de 2010 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, establece que “no menos de la mitad de los miembros de los consejos del poder judicial deben ser jueces seleccionados por sus homólogos de entre todos los niveles del sistema judicial y con respeto al pluralismo interno del sistema judicial”.

Asimismo, en el Informe N°10 (2007) del Consejo Consultivo de Jueces Europeos (CCJE), a la atención del Comité de Ministros del Consejo de Europa, se establece claramente:

“16. El Consejo de la Justicia se puede componer, ya sea exclusivamente de jueces, ya sea de jueces y de no jueces. En ambas situaciones, conviene evitar cualquier corporativismo;

17. Cuando el Consejo de la Justicia se compone exclusivamente de jueces, el CCJE considera que dichos jueces han de ser elegidos por sus pares;
18. Cuando su composición es mixta (jueces y no jueces), el CCJE considera que, con el fin de evitar cualquier manipulación o presión indebida, el Consejo de la Justicia ha de contar con una mayoría sustancial de jueces elegidos por sus pares”.

En la misma línea se pronuncian el informe del Grupo de Estados contra la corrupción (GRECO) sobre España de 8 de diciembre 2017: “Una de las modificaciones claves en este punto consiste en que los doce miembros del Consejo de procedencia judicial sean elegidos directamente por sus pares (…); o el Estatuto Universal del Juez aprobado por la Unión Internacional de Magistrados: “El Consejo de la Judicatura debe ser completamente independiente de los demás poderes del Estado. Debe estar compuesto por una mayoría de jueces elegidos por sus compañeros, de acuerdo con procedimientos que aseguren su mayor representación”.

¿Y los consejos del constitucionalista Ministro de Justicia?

Juan Carlos Campo, en la conferencia titulada “Justicia 2030: más allá de la Justicia”, celebrada en la noche de ayer en Valencia, afirmó que “más temprano que tarde lograremos ese acuerdo para desbloquear el CGPJ que es el que espera la ciudadanía y lo que legítimamente reclama”. Añadió que “ese es el objetivo de la Proposición de Ley que han presentado hoy los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos”.

Insistió también en la idea de que “constitucionalista no es solo el que cree en la Constitución, sino el que la aplica”.

Montesquieu ya murió, ahora se trata de borrar su recuerdo

Ya en el año 1985, Alfonso Guerra, a la sazón Vicepresidente del Gobierno de España, lo dijo claro: “Montesquieu ha muerto”. En ese momento, el Ejecutivo del PSOE reformó por primera vez el sistema de elección de los miembros del CGPJ.

35 años después otro Gobierno, de la misma cuerda ideológica, pretende, no ya enterrar al que estaba muerto, sino borrar definitivamente su recuerdo. El recuerdo de la separación de poderes es el recuerdo de la decencia, la democracia y la libertad. Y con ello están acabando.