Crisis en Ceuta: alerta por mensajes llamando a una nueva ola migratoria el 23-S
Mientras la Embajada de España en Rabat advierte, el Gobierno presenta en paralelo un plan para anclar a Ceuta y Melilla en la Unión Europea
(Imagen: E&J)
Crisis en Ceuta: alerta por mensajes llamando a una nueva ola migratoria el 23-S
Mientras la Embajada de España en Rabat advierte, el Gobierno presenta en paralelo un plan para anclar a Ceuta y Melilla en la Unión Europea
(Imagen: E&J)
La Consejería de Interior de la Embajada de España en Rabat trasladó al Gobierno un aviso sobre la circulación de numerosos mensajes en redes sociales que llaman a ciudadanos marroquíes a participar en una nueva entrada masiva en Ceuta el próximo miércoles 23 de septiembre. Ese día se celebran las elecciones legislativas en Marruecos. Así lo adelantó El Confidencial, citando fuentes de La Moncloa, información luego confirmada por otros medios. Las publicaciones detectadas presentan la jornada electoral como una oportunidad excepcional para intentar burlar los controles que Rabat reforzó tras la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio. Algunos mensajes apuntan también a Melilla, donde el Ministerio del Interior ya ha reforzado la seguridad.
Máximo nivel de vigilancia
Conviene precisar qué está confirmado y qué no. Lo confirmado es la existencia de esas convocatorias en redes y el traslado formal de la alerta al Ejecutivo. Lo que aún no puede darse por sentado es que la entrada vaya a producirse, ni con qué magnitud. La propia Embajada indica que, por ahora, no ha detectado indicios de que el proceso electoral vaya a debilitar la vigilancia del perímetro fronterizo. A diferencia de julio, cuando buena parte del dispositivo marroquí se había desplazado a Tetuán por los actos del Día del Trono. Marruecos, de hecho, ya ha movilizado alrededor de 200 efectivos antidisturbios, agentes de la Gendarmería y de las Fuerzas Auxiliares en un simulacro de contención cerca de la frontera ceutí.
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El precedente inmediato explica la magnitud de la cautela oficial. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó el 3 de septiembre que las informaciones disponibles antes de julio habían detectado un aumento de los cruces a nado, pero que ninguna había previsto «la escala ni la probabilidad» de lo que finalmente ocurrió. Esa experiencia es, previsiblemente, la que ahora empuja a tratar cualquier convocatoria digital con el máximo nivel de vigilancia, incluso sin certeza sobre su desenlace.
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La iniciativa hacia Europa
La alerta se conoció el pasado sábado. Un día antes, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, presentó en el Consejo de Ministros un informe con los pasos para avanzar hacia la integración plena de Ceuta y Melilla en la Unión Europea. El paquete incluye un puesto permanente en el Comité de las Regiones, presencia estable de Frontex, incorporación al Marco Financiero Plurianual en condiciones equiparables a las fronteras orientales de la Unión, y gestiones para lograr su integración en la Unión Aduanera. Albares ya ha hablado con los presidentes de Ceuta y Melilla, Juan Jesús Vivas y Juan José Imbroda, y ha remitido cartas a los ministerios de Economía, Hacienda, Agricultura y Política Territorial para coordinar las medidas necesarias.
El fundamento que esgrime el ministro tiene, además, un anclaje jurídico preciso: Ceuta y Melilla constituyen, según sus palabras, «la única frontera terrestre que la Unión Europea tiene con África», lo que a su juicio justifica un tratamiento equivalente al de otras fronteras exteriores del bloque. Desde el Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas de 1985, y en particular su Protocolo 2, ambas ciudades quedaron fuera del territorio aduanero de la Unión y del régimen armonizado del IVA. Esto fue sustituido por el Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI), según informa la Agencia Tributaria. El propio Acta de Adhesión prevé además la vía para revertir esa exclusión: correspondería al Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, decidir la integración de Ceuta y Melilla en el territorio aduanero de la Unión Europea, a petición de España. Es precisamente esa vía la que el plan de Albares parece querer activar cuatro décadas después.
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Un estado de alerta casi normalizado
En la conjunción entre ambos hechos se dibuja la tensión de fondo. Por un lado, un mecanismo de gestión de la excepcionalidad que se ha vuelto rutina: alertas sucesivas, dispositivos reforzados, y los propios controles fronterizos internos entre España e Italia, prorrogados ya por tercera vez mediante la Orden INT/977/2026, publicada el último sábado en el BOE. Por otro, una propuesta que busca sacar a Ceuta y Melilla de ese ciclo de emergencia recurrente y darles un encaje institucional estable dentro de la Unión.
No es que el plan de Albares constituya una respuesta directa a la alerta del 23-S, se trata, más bien, de procesos que corren en paralelo y responden a lógicas distintas. Sin embargo, su coincidencia temporal ilustra con nitidez el mismo problema desde dos ángulos: mientras Interior administra, aviso tras aviso, la fragilidad de un perímetro que ya ha cedido una vez este verano, Exteriores intenta que esa fragilidad deje de resolverse solo con controles temporales y pase a tener respuesta estructural en el marco jurídico e institucional europeo. Son dos respuestas y lógicas que se pueden leer como complementarias frente al mismo fenómeno desde dos puntos distintos del gobierno de España.
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