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La firma

Decálogo para retomar el pulso de la Justicia



El acto ceremonial de Apertura del Año Judicial, que se realiza siempre en presencia de su S.M. el Rey a comienzos del mes de septiembre, resulta un elemento esencial para constatar la relevancia que tiene en un estado democrático el funcionamiento de la Justicia. Además, en este trance de pandemia cuyos efectos pasados aún nos duelen y los futuros son impredecibles, nos es muy útil para intentar retomar el pulso cotidiano de nuestra actividad.

VIctoria Ortega, presidenta del CGAE

Pudiera parecer algo sencillo, pero muchos convendrán conmigo en que este año no lo es. El conjunto de la sociedad parece sentir todavía los efectos de vivir bajo unas condiciones nunca imaginadas en los que nuestro día a día presenta síntomas de cualquier otra cosa menos de normalidad. Y a pesar del lastre emocional y de las dificultades cotidianas que esta nueva situación lleva aparejadas, nuestra siempre maltrecha Justicia no puede perder un solo día más para intentar restablecer su pulso cotidiano, incluidos los muchos deberes que arrastraba antes de supiésemos siquiera de la existencia de la Covid.





  1. Para afrontar de una vez por todas esas muchas y muy trascendentes tareas pendientes es para lo que venimos reclamando desde hace muchos años el consenso en el ámbito de la Justicia, que ha sido el gran ausente de nuestra democracia. El tan reiterado como anhelado Pacto de Estado que haga posible la reforma pendiente que nuestra Justicia lleva más de 40 años esperando. Y habrá quien piense que, estando como están las cosas en la arena política, no parece que se produzca la situación más propicia. Pensarán con acierto en su análisis, pero no en la conclusión. El acuerdo es ahora más acuciante que nunca y cuando existe verdadera voluntad, incluso en las situaciones más complejas el consenso en torno a una necesidad impostergable se abre paso.
  2. Pero el pacto no es ni ha sido nunca un fin en sí mismo, sino la herramienta desde la que proyectar las reformas concretas tan urgentes como relevantes. Entre las reformas que requieren de ese acuerdo e inmediatez está sin duda la Ley Orgánica del Derecho de Defensa. A nadie del ámbito jurídico escapa que la defensa es un derecho fundamental reconocido en el artículo 24 de la Constitución Española y que constituye un elemento vertebrador del proceso judicial moderno. Confío en la labor de la Comisión que preside Antonio Garrigues que ha creado tres grupos de trabajo -contenido procesal y sustantivo del Derecho de Defensa, relaciones entre los ciudadanos y los Tribunales de Justicia y los profesionales del Derecho e instituciones de garantía- para entregar al Ministerio de Justicia en el plazo más breve posible un texto en cumplimiento del encargo realizado.
  3. También es esencial contar, en un momento de crisis económica y de emergencia sanitaria que afecta a los más desfavorecidos, con una nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que sustituya a la actual, exhausta tras más de 20 años de buenos servicios, pero también muy remendada por las reformas y superada por el propio tiempo y la realidad que debe atender. Íntimiamente vinculado con lo anterior, Es necesario un trato más digno a los abogados y abogadas adscritos el servicio de Asistencia Jurídica Gratuita para mejorar unos baremos manifiestamente insuficientes, para superar las desigualdades que hay entre territorios o para que no se deniegue el cobro a los profesionales del Turno que han prestado su asistencia porque un juez así lo ha exigido.
  4. Los abogados también reclamamos un nuevo Estatuto General del Abogacía porque necesitamos contar con el mejor marco regulatorio posible. Empieza a perderse una tratando de abarcar la duración de la espera para recibir el respaldo de texto elaborado.
  5. Tampoco existe un motivo que justifique el que sigamos esperando para reformar el actual sistema de acceso a la Abogacía, sustituyéndolo por uno que permita proporcionar a la sociedad los profesionales más cualificados, más formados y mejor preparados en la prestación de servicios jurídicos.
  6. Ocupados en los problemas de nuestros clientes, en la defensa de los derechos colectivos, quizá se nos ha escapado el tiempo a la hora de ponernos a reclamar unas normas claras para materializar la conciliación y la desconexión digital en el ejercicio profesional de la abogacía. Resulta incomprensible que los abogados y abogadas sigan encontrando tantos impedimentos en lo referido a suspensión de vistas y procedimientos por causas absolutamente razonables y acreditadas.
  7. Porque sabemos que no podemos buscar todas nuestras respuestas en los juzgados,  desde la Abogacía tenemos muy claro que deben redoblarse los esfuerzos -y así lo estamos haciendo desde el Consejo y los Colegios- para apostar por los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. La mediación y el arbitraje se están demostrando como fórmulas muy válidas, además de rápidas y menos costosas, para dirimir disputas.
  8. La pandemia sanitaria y su consecuente crisis económica nos aboca a un desafío y a un innegociable cambio cultural: el tecnológico. La Abogacía está empeñada en acelerar ese cambio, como pusimos de manifiesto en nuestro último Congreso Nacional que celebramos el pasado año en Valladolid. Debemos ser una Abogacía tecnológica e innovadora que sabe aprovechar las ventajas que nos ofrecen las nuevas herramientas para ofrecer mejores servicios. Continuaremos impulsando proyectos como la Biblioteca Digital, el reciente Portal de Servicios de la Abogacía o la nueva plataforma de Formación Digital.
  9. Somos una Abogacía europeísta y así nos seguiremos reafirmando en este curso judicial. La Abogacía Española está comprometida con la cultura europeísta, el proyecto colectivo más fructífero e ilusionante de nuestra historia contemporánea. Hoy, cuando el proyecto europeo tampoco es ajeno a las crisis, es cuando se hace más necesario reafirmar el compromiso con lo que la Europa común representa. Y precisamente por eso, estaremos como siempre hemos demostrado del lado de los derechos humanos más elementales que asisten a cualquier persona, incluidas quienes huyen de sus países en busca de un futuro mejor.
  10. Y todo ello debemos hacerlo mientras recuperamos el pulso de la Justicia al que hacía alusión al comienzo de este artículo. Superando los viejos y nuevos obstáculos, no podemos seguir esperando para impulsar reformas procesales que doten a nuestra Justicia de una agilidad de la que hoy carece. Unas reformas que, además, deberían mejorar sustancialmente la fase ejecutiva de sentencias. Resulta inconcebible que solo estemos en tasas del 37% de resoluciones judiciales firmes que se ejecutan. La Justicia -no lo olvidemos- no acaba cuando un juez dicta un fallo, sino cuando este se cumple en su integridad y con celeridad.

Por todos estos desafíos y apuestas de futuro seguimos y seguiremos trabajando desde la Abogacía. Con la certeza que da que ya en el pasado, ante retos más complejos si cabe, juntos, como una sola voz, con la potencia y la energía de los compromisos compartidos hemos demostrado que podemos superar antes y mejor los desafíos que se nos han planteado.

Sobre la autora: Victoria Ortega Benito es presidenta del Consejo General de la Abogacía Española.