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Entra en funcionamiento la versión 5.1 de LexNET

La aplicación introduce mejoras en cuestiones de seguridad y usabilidad, al tiempo que se hace compatible con los principales navegadores

(Foto: E&J)

Tiempo de lectura: 3 min



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Entra en funcionamiento la versión 5.1 de LexNET

La aplicación introduce mejoras en cuestiones de seguridad y usabilidad, al tiempo que se hace compatible con los principales navegadores

(Foto: E&J)



Hoy comienza a funcionar LexNET 5.1, la nueva versión del sistema de comunicaciones electrónicas de la Administración de Justicia. La aplicación introduce mejoras de seguridad y usabilidad, al tiempo que se hace más compatible. En este sentido, el cambio ha venido empujado porque la aplicación solo se podía usar con Internet Explorer y Microsoft ha anunciado a que el navegador dejará de tener soporte a partir del próximo 15 de junio. LexNET ha sido adaptado de forma que ahora se puede acceder a la aplicación a través de Chrome, Edge o Firefox.



El Ministerio de Justicia ha aprovechado este cambio para introducir una serie de mejoras en la aplicación. En este sentido, una de las más destacadas es que LexNET 5.1 incorpora la AutoFirma para la realización de operaciones de firma electrónica. Esta herramienta tiene la ventaja de que es de uso muy extendido para este servicio dentro de las Administraciones Públicas e interoperable en el ámbito europeo.

La AutoFirma se puede descargar desde la web oficial. Esta plataforma es totalmente gratuita y está desarrollada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Para poder usarla, los usuarios deberán tener instalados en sus equipos Microsoft Windows 7 o superior, Linux, Apple OS x Yosemite o superior.

Asimismo, según asegura el Ministerio dirigido por Pilar Llop, han sido incorporadas nuevas medidas para mejorar la seguridad de la información del sistema. A este respecto, ahora permite operar al personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con su certificado de pseudónimo.

Justicia también destaca que se ha mejorado la usabilidad del sistema y se pueden adjuntar archivos de manera más ágil e intuitiva. Igualmente, permite a los órganos judiciales generar notificaciones con escritos de mayor tamaño que hasta ahora (hasta 30 Mb). Del mismo modo, se ha trabajado para que el sistema genere PDF de mayor calidad.

Ministerio de Justicia. (Foto: Archivo)

Los cambios introducidos en LexNET han levantado gran expectación entre los profesionales del Derecho. Desde hace tiempo se reclamaban mejoras ante los problemas que ha dado la aplicación en no pocas ocasiones. Los fallos de la plataforma han llegado al punto de que terminaron formando parte del informe anual 2021 del Defensor del Pueblo, sobre todo los relacionados con problemas de accesibilidad a la plataforma y limitaciones para la validación internacional de documentos con firma electrónica.

Lo cierto es que, problemas aparte, LexNET se ha convertido en una herramienta importante para el trabajo diario de abogados, procuradores, LAJ y demás actores de la Administración de Justicia. Según explica el Ministerio en una nota, “LexNET, cuya integración con Sistemas de Gestión Procesal y de la Fiscalía ha conseguido una agilización notable de los tiempos de espera, gestiona a diario un volumen medio de 420.000 notificaciones, llegando a cifras superiores a 500.000 en periodos de alta demanda”.

Según el Ministerio, en la actualidad dispone de 264.000 buzones personales de usuarios y más de 20.400 buzones de carácter colectivo.

Además, “desde su puesta en funcionamiento, a través de LexNET se han intercambiado más 630 millones de actos de comunicación. Entre ellos, 537 millones de notificaciones y 93 millones de escritos, de los que 77 millones eran de trámite y los restantes 15 millones escritos iniciadores de procedimiento”, explican desde Justicia.

Las mejoras introducidas en LexNET se engloban en el Plan Justicia 2030 con el que el Ministerio pretende modernizar la Administración de Justicia. En este contexto, una de las iniciativas del citado Plan es la generación de un marco normativo para la digitalización en el Servicio Público de Justicia, que se va a sustentar en la nueva Ley de Medidas de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia, cuyo anteproyecto ya ha sido aprobado por el Gobierno y está a la espera de tramitación parlamentaria.

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