España coloca 6.185 millones de euros en deuda y paga más por financiarse

El Boletín Oficial del Estado publicó los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado del pasado 6 de agosto. La cifra global es de 6.185,148 millones de euros adjudicados entre las cuatro emisiones, sumando primera y segunda vuelta. Detrás de ella hay una demanda mucho mayor y un coste de financiación que sigue presionando al alza. La Resolución de la Dirección General del Tesoro, de fecha 10 de agosto y publicada ayer jueves, detalla cuatro emisiones que exponen tanto la salud del mercado primario como los límites de un procedimiento administrativo cada vez más mecanizado.

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Subastas sobresuscritas

La subasta más concurrida fue la obligación a diez años, al 3,40% y con vencimiento el 31 de octubre de 2036. Según el propio documento, el “Importe nominal solicitado” alcanzó los “4.530,566 millones de euros”, de los cuales se adjudicaron “1.900,000 millones de euros”. Esto representa una cobertura de 2,38 veces, la más alta de las cuatro emisiones, por delante incluso del bono a cinco años (2,31 veces). En esta última emisión, al 2,60% y con vencimiento el 31 de mayo de 2031, “el rendimiento interno correspondiente al precio medio ponderado” se situó en “3,005 por 100”, muy por encima del cupón nominal. El Estado coloca, en definitiva, deuda a cinco años con un coste efectivo superior al 3%, vía descuento de emisión, ya que el precio medio ponderado ex-cupón fue de 98,192 por 100, aun cuando el título solo devenga un 2,60% anual en cupón. La tensión es palpable también en la obligación a diez años: el precio mínimo aceptado quedó en “98,780 por 100” y el rendimiento medio en “3,542 por 100”. Incluso la obligación indexada a quince años, con un rendimiento medio del “1,715 por 100”, refleja la cautela del mercado ante la inflación persistente. Los inversores exigen prima, y el Tesoro la paga.

(Imagen: E&J)

Perspectiva jurídica

Desde una perspectiva jurídica, estas subastas no son contratos del sector público a la luz de la Ley de Contratos del Sector Público, sino actos de emisión de valores regulados por la normativa del Tesoro. El propio documento remite a la Orden ECM/2/2026, del 9 de enero, cuyo artículo 13.1 impone la “preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado de los resultados de las subastas”. Esa exigencia de publicidad convierte la Resolución en un acto administrativo de ejecución material, pero no en un contrato. Sin embargo, el procedimiento incorpora mecanismos propios de la contratación pública: precios competitivos y no competitivos, adjudicación por precio y prorrateo. Así, en la obligación a diez años, el documento señala un “coeficiente de prorrateo para las peticiones formuladas al precio mínimo aceptado: 51,10 por 100”. Quien ofertó el precio mínimo se llevó apenas la mitad de lo solicitado. Las “peticiones no competitivas”, reservadas a pequeños inversores, fueron ínfimas: entre 0,916 y 3,534 millones. Se adjudicaron al precio medio ponderado, funcionando como una suerte de acción afirmativa de acceso minorista dentro de un mercado mayoritariamente institucional.

El cierre lo pone la segunda vuelta, con resultados dispares entre las cuatro emisiones. En tres de ellas —bono a cinco años, obligación a siete y obligación a diez años— el texto es taxativo: “No se han presentado peticiones a la segunda vuelta de esta subasta”. Solo la obligación indexada a quince años registró actividad en esa ronda, con un “Importe nominal adjudicado: 142,364 millones de euros” adicionales.

(Imagen: E&J)

La segunda vuelta está reservada a los Creadores de Mercado, y su función es cubrir lo que la demanda inicial no alcanzó a colocar. Que no se activara en tres subastas es coherente con que las cuatro sesiones cerraran sobresuscritas, con coberturas de entre 1,85 y 2,38 veces lo adjudicado. El dato de una sola jornada de subastas no permite, por sí solo, sostener que el mecanismo esté en desuso estructural: haría falta observar varias convocatorias sucesivas para saber si la ausencia de segunda vuelta es la norma o la excepción de este agosto en particular.

En suma, el Tesoro coloca deuda, pero a un coste creciente, mediante un procedimiento que combina elementos de emisión de valores con mecanismos —precios competitivos, prorrateo, cupos para minoristas— que recuerdan a la contratación pública sin serlo formalmente.

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