La Audiencia Nacional rechaza que el Banco de España tenga responsabilidad por la liquidación del Popular

La Audiencia Nacional ha eximido al Banco de España de cualquier responsabilidad en la quiebra y liquidación del Banco Popular, por la que sus acciones fueron amortizadas a valor cero, al entender que era el Banco Central Europeo (BCE) el encargado de su supervisión.

El 7 de junio de 2017, a instancias de la Junta Única de Resolución (JUR), el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) liquidó el Popular, amortizó el valor de sus acciones a cero y lo vendió al Santander al precio de un euro.

Apenas un mes después, la empresa La Guirigaña, dedicada a la compraventa de inmuebles, reclamó al Banco de España 118.000 euros en concepto de responsabilidad patrimonial, y presentó un recurso contra la resolución del FROB.

El Banco de España, entonces con Linde como gobernador, rechazó la reclamación de La Guirigaña “por falta manifiesta de fundamento, por carecer el Banco de España de competencias en materia de supervisión, adopción de medidas de actuación temprana y resolución preventiva, cuya presunta infracción en el caso de Banco Popular habría dado lugar, en opinión de la reclamante, a la responsabilidad patrimonial de dicha institución”.

La sala de lo contencioso ha rechazado ahora este recurso al entender que debe haber un hecho imputable al Banco de España para poder pedirle responsabilidad patrimonial, lo que no es el caso, pues los hechos imputados en la reclamación son ajenos a su competencia.

En la sentencia, de hecho, el Banco de España recuerda, como falla el juez, que la supervisión bancaria desde el 4 de noviembre de 2014 es competencia del BCE a través del Mecanismo Único de Supervisión europeo (MUS) para las “entidades significativas, entre las que se encuentra Banco Popular”.

En abril de este año, la Audiencia Nacional decidió retirar al Santander su condición de imputado en la investigación en curso, abierta tras la admisión de diversas querellas contra los expresidentes del Popular Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos Consejos de Administración, la consultora PwC y su socio auditor, por presuntos delitos de falsedad societaria, administración desleal y apropiación indebida, entre otros.

Este fallo, coincide con otras sentencias similares contra Bankia, en las que el juez también eximió al Banco de España de la responsabilidad patrimonial.