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Noticias Jurídicas

La Comisión Permanente del CGPJ se opone a las declaraciones de Ione Belarra

En relación con la declaración publicada en redes sociales por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 sobre los efectos de la sentencia condenatoria dictada contra el diputado del grupo parlamentario Unidas Podemos Alberto Rodríguez

Ione Belarra (Foto: Público)

Tiempo de lectura: 3 min



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La Comisión Permanente del CGPJ se opone a las declaraciones de Ione Belarra

En relación con la declaración publicada en redes sociales por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 sobre los efectos de la sentencia condenatoria dictada contra el diputado del grupo parlamentario Unidas Podemos Alberto Rodríguez

Ione Belarra (Foto: Público)



Tras dar cauce al requerimiento procesal -oficio- por el cual se le ordenaba a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxel Batet, que trasladara a La Junta Electoral Central la decisión del magistrado Manuel Marchena, que entiende que la condena accesoria de pérdida del derecho al sufragio pasivo al diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, tiene efectos inmediatos, es decir, ha de abandonar su acta como diputado a partir de la ejecución de la sentencia, las críticas a la decisión judicial por parte del Ejecutivo no se han hecho esperar.

Ione Belarra, líder de Podemos, ha vertido vía Twitter serias dudas sobre la idoneidad de la sentencia y su arreglo a la ley, incluso deslizando la idea de que la Sala Segunda del Supremo haya prevaricado. La respuesta por parte de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha sido casi inmediata, y hoy mismo emitía un comunicado oficial -algo poco común en cuando atañe a manifestaciones políticas- mostrando su rechazo a tales manifestaciones.



La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hoy el siguiente comunicado:

“La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, reunida hoy en sesión extraordinaria, ha tomado conocimiento de la declaración publicada por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, en su cuenta en la red social Twitter (@ionebelarra), que dice textualmente que (el diputado del grupo parlamentario Unidas Podemos) “Alberto Rodríguez fue condenado a pesar de que las pruebas demuestran que él no estuvo allí. El objetivo era quitarle el escaño El Supremo presiona a la Presidencia del Congreso para retirárselo aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia. Prevaricación”.

Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)

La Comisión Permanente considera que estas manifestaciones merecen un absoluto y rotundo rechazo, si cabe con mayor intensidad y rotundidad que en otras ocasiones, especialmente porque más allá de generar una sospecha inaceptable respecto del proceder del más alto tribunal de la Nación llegan a atribuir la comisión de un delito a sus magistrados, afirmación que excede absolutamente los límites del derecho a la libertad de expresión, máxime cuando quien realiza esas manifestaciones es un miembro del Poder Ejecutivo, lo que sitúa las relaciones entre dos poderes del Estado en un plano completamente indeseable.

El Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno del mismo, en su condición de garante de la independencia judicial, no puede por menos que expresar su profundo malestar porque tales declaraciones hayan sido formuladas por un miembro del Gobierno de la Nación, a lo que se añade el hecho de que son ya varias las ocasiones a lo largo del presente mandato del CGPJ en las que ha tenido que pronunciarse en este sentido.

Es por tanto necesario recordar que, como es público, notorio y reconocido, el Tribunal Supremo y el resto de los Juzgados y Tribunales españoles, a lo largo del tiempo, han dado sobradas muestras de su independencia, imparcialidad y objetividad, cualquiera que sea la posición política o social de los enjuiciados, como no podía ser de otra manera por quienes han prometido o jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes; y resulta imprescindible asimismo reafirmar una vez más que la actuación del Poder Judicial, institución esencial en toda sociedad democrática, persigue en todo momento el cumplimiento de la Ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles, fundamento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho.

Por último, el Consejo General del Poder Judicial vuelve a hacer un llamamiento, especialmente a quienes ostentan cargos de responsabilidad del máximo nivel, a que no menoscaben la imagen de quienes día a día velan por los derechos y garantías de que gozan todos los españoles en su condición de ciudadanos de un Estado de Derecho, recordándoles que la primera obligación de un responsable público es no contribuir al desprestigio de las instituciones democráticas y, dentro de ellas, el Poder Judicial”.

El acuerdo ha sido aprobado con los votos del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; y de los vocales José Antonio Ballestero, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández y Juan Martínez Moya. Los vocales Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda han votado en contra.

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