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Noticias Jurídicas

Las Audiencias Provinciales ya aplican el fallo del TJUE sobre el cártel de camiones

La AP de León ha confirmado la condena a Volvo y DAF por violar las normas comunitarias de competencia

(Foto: E&J)

Tiempo de lectura: 3 min



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Las Audiencias Provinciales ya aplican el fallo del TJUE sobre el cártel de camiones

La AP de León ha confirmado la condena a Volvo y DAF por violar las normas comunitarias de competencia

(Foto: E&J)



La sentencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en relación con el cártel de camiones ya está empezando a ser aplicada en los tribunales españoles. La Audiencia Provincial de León, que planteó ante el tribunal europeo la cuestión prejudicial objeto del fallo, ha sido la primera en pronunciarse.

La Sala de lo Mercantil de la AP de León ha desestimado el recurso presentado por Volvo y DAF y ha ratificado la sentencia dictada en octubre de 2019 por el Juzgado de lo Mercantil de León. Des este modo, confirma la condena a dos de los fabricantes implicados en el cártel (Volvo y DAF) a indemnizar a un transportista por el sobreprecio soportado en la adquisición de tres camiones pesados afectados por los acuerdos ilícitos de los fabricantes. De este modo, la Sala ha confirmado la indemnización del 15% del precio de adquisición de los camiones, más los intereses legales, impuesta a dos fabricantes.



El caso parte de una denuncia ante el Juzgado de lo Mercantil de León interpuesta a principios de 2018 por un particular que había adquirido tres camiones fabricados por Volvo y DAF Trucks. El actor solicitaba la reparación de los daños sufridos como consecuencia de las prácticas restrictivas de la competencia en las que habían incurridos esas dos empresas.

En mayo de 2017, cinco meses después de que expirase el plazo de transposición de la Directiva 2014/104 sobre reclamación de daños derivados de las infracciones del Derecho de la competencia, España aprobó el Real Decreto-Ley 9/2017, bajo la intención de transponer dicha Directiva al ordenamiento interno.

El juzgado de instancia de León consideró que el plazo de prescripción de la acción era de cinco años, tal como establece la Directiva 2014/14 , mientras que los fabricantes de camiones argumentan que el plazo de prescripción de la acción es de un año, por lo tanto la sentencia es nula.

Los jueces comunitarios entendieron que el plazo de prescripción de la acción por daños ejercitada por el comprador de los camiones comenzó a correr el día en el que se publicó el resumen de la Decisión de la Comisión por la que se anunciaba la existencia del cártel: el 6 de abril de 2017.

Audiencia Provincial de León. (Foto: Leonoticias)

El Alto Tribunal Europeo señala que el comunicado de prensa de la Decisión de la Comisión por la que se declaraba la existencia del cártel, difundido el 19 de julio de 2016, no parece identificar con la precisión del resumen, publicado el 6 de abril de 2017, la identidad de los autores de la infracción, su duración exacta y los productos a los que afecta.

En palabras del TJUE, “los comunicados de prensa no están destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros, en particular las personas perjudicadas”. Es decir, tales comunicaciones constituyen “documentos breves destinados, en principio, a la prensa y a los medios de comunicación”.

En consecuencia, en tal caso, parece que dicho plazo de prescripción no se agotó antes de que expirara el plazo de transposición de la Directiva 2014/104, sino que continuó corriendo incluso después de la fecha de la entrada en vigor de la legislación española de transposición.

Esta demanda se produjo después de que a mediados de 2016 la Comisión Europea adoptara una decisión en la que declaraba que varios fabricantes de camiones, entre los que se encontraban Volvo y DAF Trucks, infringieron el artículo 101 del TFUE y el artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, al pactar, por un lado, la fijación de precios y los incrementos de los precios brutos de algunos modelos de camiones y, por otro, el calendario y la repercusión de los costes para la introducción de las tecnologías de emisiones exigida por las normas comunitarias.

El Ejecutivo comunitario impuso una multa de más de casi 3.000 millones de euros a los seis principales fabricantes de camiones (DAF, Daimler-Mercedes, Iveco, Renault-Volvo, Scania y MAN) por pactar precios entre 1997 y 2011.

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