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Las ITV solicitan la ejecución de la sentencia que impide la bajada de tarifas

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Redacción editorial
Tiempo de lectura: 2 min

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La adjudicataria de concesiones de la ITV en Alicante, Benidorm y Elche ha presentado un incidente de ejecución de la resolución que anuló las tarifas aprobadas por el Consell en 2014, al entender que el nuevo cuadro tarifario aprobado no cumple con el fallo del tribunal.

Según el texto del incidente de ejecución de sentencia, presentado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ valenciano, la rebaja de tarifas no solo tiene por objeto eludir el cumplimiento de la sentencia sino que colocará a la mayoría de los concesionarios en una situación económica «grave» puesto que no cubren el coste del servicio que se presta.

Applus Iteuve Technology considera que la última actualización de los precios del servicio de ITV, que devuelve a los precios anteriores a 2014 tras las tensiones entre la Generalitat y los adjudicatarios, está dirigida a «eludir» el cumplimiento de la sentencia. Así, los actos que se dicten en ese expediente serían nulos de pleno derecho, por lo que pide la nulidad del acuerdo del 10 de mayo del Consell que actualizó las tarifas aplicables a la ITV.

Rebajas de un 6%

Según la Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunidad Valenciana para la ITV (Aecova), el nuevo cuadro tarifario rebaja un 6% las tarifas respecto a las establecidas en el acuerdo de 2014, por lo que «no cumple» con la sentencia.

La administración «ha seguido una estrategia» para «no cumplir» la sentencia, de 30 de mayo de 2017, según Aecova, que critica que, pese a que la sentencia anulaba la rebaja de las tarifas, el acuerdo de mayo de 2019 supone tarifas «más bajas que antes», a causa de la reducción del coste de este servicio para el 62,29 % de los vehículos.

Según ha indicado Aecova, desde la conselleria se comunicó a las concesionarias que se había abierto un expediente para la inhabilitación de las que no estuvieran acreditadas por la ENAC, si bien todas lo han solicitado a falta de que la entidad nacional dé su visto bueno. Es «otro frente abierto», señalan.



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