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Los registradores contarán desde marzo con un órgano centralizado contra el blanqueo



El Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Inmuebles contará desde el mes de marzo con un órgano centralizado (OCP) con el que se pretende estrechar el cerco al blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en la compraventa de inmuebles y la constitución de sociedades, fundamentalmente.
La creación de este órgano se hará efectiva en un plazo de cuatro meses desde la publicación el lunes 16 de noviembre de la preceptiva Orden Ministerial del Ministerio de Economía, es decir, a mediados del próximo mes de marzo.
El OCP se encargará de realizar análisis de riesgo para poner el foco en determinadas operaciones dependiendo de los intervinientes, las áreas geográficas en las que se localizan y los tipos de actos de que se trate.
Asimismo, elaborará un manual de procedimientos en materia de prevención de blanqueo para que los registradores puedan cumplir con este cometido.
En la práctica, cuando un registrador se tope con una operación sospechosa habrá de comunicarla el OCP, que mantendrá durante un plazo de 10 años un registro pormenorizado de todas las operaciones que hayan sido objeto de examen especial.
A continuación, el OCP lleva a cabo un análisis en profundidad con la ventaja de disponer otras comunicaciones de notarios con las que poner en relación. Esto permitirá, según Economía, contar con información más completa.
De hecho, el OCP también contará en sus bases de datos con el resto de operaciones no comunicadas inicialmente por los registradores para completar sus pesquisas.
Una vez completado el análisis, el OCP remitirá, si cree que hay indicios suficientes, las operaciones sospechosas a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Seplac) para que lleve a cabo la investigación.
Dentro de este trámite, el OCP podrá detectar si existe algún tipo de negligencia por parte de los registradores, ya que en segunda ronda puede detectar operaciones sospechosas. Ello podría conllevar sanciones, desde leves a muy graves, sobre los registradores.
Y es que otra de las funciones del OCP será la organización de acciones formativas dirigidas a los registradores y a su personal, enfocadas al conocimiento de sus obligaciones, así como de los procedimientos internos puestos en marcha para cumplirlas.
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