Puigdemont es detenido en Cerdeña a causa de la orden impulsada por Llarena

Según informa El Español, Carles Puigdemont habría sido puesto a disposición de las autoridades italianas tras ser arrestado en Cerdeña, donde pretendía participar en el Aplec International Adifolk, cuya celebración tendrá lugar en L’Alguer.

De este modo, se hace efectiva la orden de busca y captura internacional emitida en su momento por el magistrado instructor en el  Tribunal Supremo del denominado procès, Pablo Llarena.

Un posible final más que esperable

Recordemos que Carles Puigdemont es prófugo de la Justicia española desde otoño de 2017. Y desde ese mismo año se intentaron activar ciertos mecanismos judiciales que no llegaron a materializarse.

En primer lugar, tras conocerse su huida, Llarena emitió una euroorden ateniéndose a uno de los delitos sujetos a doble tipificación: corrupción. Recordemos que para que el reo sea devuelto al país que solicita que sea puesto a su disposición judicial, ha de cometer uno de los 32 delitos previstos en la Decisión Marco 2002/584. Pero el delito de corrupción (malversación de caudales públicos) no fue el único que cometió, pues también, como es sabido, recaía sobre él un delito de sedición, el cual no forma parte de este rosario de antijuricidades previsto por la norma comunitaria para que el delincuente sea devuelto a su país de origen.

Como ya manifestó en una entrevista realizada el pasado mes de marzo para Economist & Jurist el abogado de Carles Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, “en la primera euroorden, la Juez Lamela y luego lo reproduce también el Magistrado Llarena, marcan la casilla ‘corrupción’”. Como es sabido, esta casilla “es una de las que daría lugar a la entrega inmediata”. Así, “nosotros denunciamos que allí están actuando de forma desleal”. En nuestro país, “no hay un tipo penal de corrupción. Es decir, la corrupción es un fenotipo, porque muchos tipos penales pueden integrarse en lo que se entiende como corrupción”. Y que por ello, por falta de tino de nuestros magistrados, la euroorden no llegó a consumarse y, por extensión, Puigdemont nunca fue entregado a las autoridades españolas.

Jaume Alonso Cuevillas confesó a E&J que si España no hubiera marcado la casillas de corrupción, ya hubiera sido entregado a las autoridades españolas (Edición: Cenaida López/E&J)

Cuevillas fue tajante: «Si España no hubiera marcado la casilla de la ‘corrupción’, probablemente la entrega se habría producido. Pero como la marcan, entonces los Tribunales belgas empiezan a desconfiar de sus homólogos españoles”.

El mecanismo de la orden internacional de búsqueda y captura

Claro que, dadas las dificultades de ejecutar la euroorden y de negociar con el Estado belga la extradición de un prófugo que, únicamente en Bélgica no sería un delincuente (recordemos que Bélgica es uno de los países más descentralizados de Europa en los que el delito de rebelión no tiene una tipificación análoga a la de España), solo quedaba agotar la vía de la orden internacional de búsqueda y captura. Y para ello, el país debería ser un aliado natural de España. E Italia, claro está, tipifica este tipo de delitos, además de tener conveniencia política en no hacer proliferar corrientes de corte secesionista.

Así, la Justicia española ha logrado por fin capturar al prófugo, dadas las condiciones recientemente favorables para ello: además de salvar el escollo de la euroorden y de la falta de colaboración con un Estado miembro, también le fue retirada hace poco tiempo su inmunidad en el Europarlamento, por lo que no gozaría de ningún privilegio que le impidiera ingresar en prisión.

La detención no asegura que vaya a ser juzgado por España

Conviene recordar que la decisión -mediante auto- del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la cual suspende la inmunidad de Puigdemont está supeditada a que España no ejecutaría la orden de detención y entrega hasta que no se resolviera la cuestión prejudicial en torno a otro de los prófugos: Lluís Puig. La resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea desliza que en caso de ejecución de la orden de detención y entrega, volvería a estar amparado por unas medidas cautelares que impedirían ser puesto a disposición de las autoridades judiciales españolas (auto del 30 de julio de 2021): » Cabe añadir que si, una vez dictado el presente auto, sea probable que se produzca el perjuicio alegado, en particular en caso de detención de los demandantes por una autoridad de ejecución de un diputado. Es decir, que se ejecute un procedimiento para su entrega a las autoridades españolas, podrán presentar una nueva solicitud de medidas cautelares en las condiciones previstas en el artículo 160 del Reglamento».

Por lo tanto, dado que efectivamente el Estado español ha ejecutado la orden de detención y entrega, podría acogerse a las medidas cautelares que le devolvieran su inmunidad como parlamentario. Y se libraría de ser juzgado por un tribunal español.

¿Pericia del Estado español o intencionalidad del prófugo?

Dada la vulnerabilidad desde el punto de vista procesal de Puigdemont, puede parecer sospechoso que él mismo no tuviera conocimiento de que el arresto podría ser una opción más que probable. Y es que, en un momento donde el nacionalismo catalán parece perder fuelle desde el punto de vista social -justo después del indulto a varios de los imputados-, la narrativa soberanista podría volver a recobrar vigencia con un nuevo preso.

Desde un punto de vista netamente estratégico, el Estado español necesita transmitir una imagen de inocuidad y falta de beligerancia, tanto en el plano exterior -donde se juega realmente la batalla- como hacia la propia Cataluña. Y los nacionalistas requieren para la construcción de su narrativa, a su vez, hechos con los que poder señalar supuestas agresiones que justifiquen el ánimo secesionista.

Nos encontramos, sin duda, ante una nueva fase del denominado procès, donde las partes en liza han de cimentar una nueva estrategia. Se abre un nuevo horizonte judicial para Puigdemont y un nuevo estadio político marcado por la tensión y el cálculo.