Tras 10 años siendo investigado como posible autor de ciberdelitos, la justicia le ha absuelto

Tras más de 10 años de investigación, la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia n.º 1 de Sevilla ha absuelto a un acusado investigado como posible autor de unos supuestos relacionados mensajes anónimos, publicaciones en internet y actividad en redes sociales.

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Este caso refleja la complejidad que pueden alcanzar las investigaciones relacionadas con la actividad online y la ciberdelincuencia y la relevancia de la prueba pericial informática en el ámbito penal tecnológico.

El juicio se celebró a principios de mayo de este año y la causa ha queda finalmente resuelta después de que la acusación particular retirara las acciones ejercitadas. En consecuencia, el investigado ha sido absuelto, poniéndose así fin a un procedimiento que ha permanecido abierto desde el año 2015 y contra cuya resolución ya no cabe recurso.

La defensa de la persona investigada fue asumida por Fran Peláez, socio director de PenalTech, despacho especializado en Derecho Penal Tecnológico y ciberdelincuencia, quien señala al respecto que “las investigaciones basadas en actividad digital exigen un análisis técnico especialmente riguroso debido a las dificultades que pueden existir para acreditar de forma inequívoca la autoría de determinadas comunicaciones electrónicas o perfiles online. En procedimientos de este tipo resulta fundamental analizar con precisión la trazabilidad técnica de las pruebas digitales y las garantías con las que han sido obtenidas y verificadas”.

Asimismo, el letrado destaca las consecuencias personales que pueden derivarse de procesos judiciales prolongados en el tiempo, especialmente cuando implican investigaciones relacionadas con internet, redes sociales o comunicaciones electrónicas.

(Imagen: E&J)

Cuando se inició el procedimiento judicial, en el año 2015, la persona investigada fue detenida y pasó por dependencias policiales antes de quedar en libertad. A lo largo de la investigación se practicaron numerosas diligencias centradas en el análisis de elementos digitales y comunicaciones electrónicas. Entre la documentación incorporada a la causa figuraban correos electrónicos, capturas de pantalla, perfiles creados en redes sociales y registros de conexiones de internet presuntamente relacionados con los hechos denunciados.

Así, el procedimiento avanzó durante años por distintos órganos judiciales de Sevilla y mantuvo abierta una investigación compleja vinculada al entorno digital. Sin embargo, durante el desarrollo del proceso la defensa cuestionó parte de la prueba tecnológica aportada y defendió la necesidad de una verificación técnica especializada para poder atribuir de forma concluyente determinadas publicaciones o comunicaciones electrónicas a una persona concreta.

En este contexto, la defensa de la persona investigada fue asumida por Fran Peláez, socio director de PenalTech, despacho especializado en Derecho Penal Tecnológico y ciberdelincuencia, aportó un informe pericial informático en el que se advertía de las limitaciones existentes en determinadas investigaciones digitales cuando no se realizan procesos completos de autentificación y análisis técnico. El aludido informe señalaba que varias de las publicaciones analizadas no habían sido sometidas a una pericial informática que acreditara su autenticidad y advertía igualmente de que parte de las conexiones investigadas no llegaron a vincularse de manera concluyente con la persona finalmente acusada.

Pues, según expuso la defensa durante el procedimiento, la atribución de perfiles digitales, mensajes o publicaciones en internet requiere habitualmente verificaciones técnicas avanzadas que permitan descartar manipulaciones, accesos de terceros o errores de identificación.