Cinco años de opresión talibán: mujeres y niñas afganas ante la impunidad
"El problema central sigue siendo la impunidad"
(Imagen: E&J)
Cinco años de opresión talibán: mujeres y niñas afganas ante la impunidad
"El problema central sigue siendo la impunidad"
(Imagen: E&J)
El 15 de agosto de 2021, la toma de Kabul por los talibanes abrió una etapa de grave retroceso para los derechos de las mujeres y las niñas afganas. Cinco años después, nadie puede seguir interpretando lo ocurrido como una suma de medidas aisladas o decisiones pasajeras. Los edictos y decretos dictados desde entonces han levantado un sistema de exclusión que afecta a la educación, al trabajo, a la libertad de movimiento, a la presencia en la vida pública y, en definitiva, a la autonomía personal.
Las autoridades talibanas de facto han cerrado a niñas y mujeres el acceso a la educación, las han expulsado de numerosos ámbitos laborales y públicos y han sometido sus desplazamientos a controles extremos. Y no se trata solo de prohibiciones. Para imponerlas se recurre a la violencia: detenciones arbitrarias, encarcelamientos, tortura y otros tratos inhumanos, violencia sexual y desapariciones forzadas.
No estamos, por tanto, ante una simple acumulación de normas discriminatorias. Se ha instaurado un sistema de dominación basado en el sexo y el género, pensado para apartar a las mujeres de la vida social y pública y convertir la desigualdad en una condición permanente.
El Tribunal de los Pueblos para las Mujeres de Afganistán concluyó en su sentencia de 11 de diciembre de 2025 que estas políticas y prácticas constituyen crímenes contra la humanidad, particularmente persecución por motivos de género, conforme al artículo 7 del Estatuto de Roma. Asimismo, identificó elementos propios de un régimen análogo al apartheid: discriminación, segregación, exclusión y dominación institucionalizadas por razón de sexo y género.
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El Tribunal Permanente de los Pueblos es un tribunal internacional de opinión y sus decisiones no equivalen a una sentencia penal de la Corte Penal Internacional. Pero su trabajo tiene un valor indudable: documenta y califica jurídicamente vulneraciones muy graves que siguen produciéndose sin una respuesta efectiva. La 55ª sesión, celebrada en Madrid en octubre de 2025, fue promovida por organizaciones afganas de derechos humanos.
(Imagen: E&J)
El problema central sigue siendo la impunidad. Cuando las instituciones de un país no pueden o no quieren proteger los derechos humanos, la comunidad internacional no puede limitarse a manifestar preocupación. Las obligaciones erga omnes, erga omnes partes y las normas de ius cogens reclaman una respuesta coherente ante vulneraciones que afectan a intereses esenciales de toda la comunidad internacional.
La sociedad civil afgana lleva tiempo recordándonos que la responsabilidad internacional no es una abstracción jurídica. Es, sobre todo, una prueba de la credibilidad real del sistema internacional de protección de los derechos humanos.
Por eso preocupa que algunos Estados avancen hacia una normalización diplomática con las autoridades talibanas sin exigir, como condición previa, el respeto efectivo de los derechos de las mujeres y las niñas. Ese acercamiento puede reforzar al régimen, rebajar la presión internacional y debilitar el principio de universalidad de los derechos humanos.
Cinco años después, la exigencia es clara: hay que activar mecanismos reales de responsabilidad y situar la protección de las mujeres y las niñas afganas en el centro de cualquier relación internacional con Afganistán. El diálogo puede ser necesario; lo que no puede aceptarse es la normalización de la discriminación. Aplazar la justicia es, en la práctica, aceptar la impunidad.
Desde el Observatorio de los Derechos de las Personas del ICAB impulsamos durante todo este año la concienciación de la sociedad y de los gobiernos sobre la realidad del apartheid de género. Miles de mujeres mueren sin recibir atención sanitaria, sin poder salir de sus hogares y sin acceso a la cultura.
Como abogacía, no podemos permitir que se olviden los derechos de las mujeres ni que se cuestione su igualdad plena con los hombres, un principio universal e irrenunciable de los derechos humanos.
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