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Tribunal Supremo

El Supremo refuerza jurisprudencia sobre asistencia sanitaria pública en España a residentes no comunitarios

Desestima el recurso de una ciudadana marroquí residente en España que tiene la obligación de disponer de un seguro de salud

(Foto: E&J)


Tribunal Supremo

El Supremo refuerza jurisprudencia sobre asistencia sanitaria pública en España a residentes no comunitarios

Desestima el recurso de una ciudadana marroquí residente en España que tiene la obligación de disponer de un seguro de salud

(Foto: E&J)



Una persona extranjera y con autorización de residencia en España como familiar de un ciudadano de la Unión Europea no tiene derecho a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos. Así lo establece la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que en un auto del pasado mes de mayo reitera su doctrina sobre esta cuestión.

En este caso concreto, el Supremo ha resuelto un recurso de casación planteado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) contra una sentencia dictada el 13 de diciembre de 2018 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Andalucía, Granada.



Una ciudadana marroquí, titular de la tarjeta de residencia temporal en España por familiar de la Unión Europea, había solicitado al INSS el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos a través del Sistema Nacional de Salud. En este caso, como residente temporal en España con autorización de familiar ciudadano de la UE, se le exige acreditar y disponer de un seguro de enfermedad, público o privado, que cubra todos los riesgos en España.

El INSS rechazó la petición y un juzgado de instancia ratificó la decisión del órgano administrativo. La reclamante recurrió el fallo ante el TSJ de Andalucía, que le dio la razón. El INSS recurrió en casación ante el Supremo la decisión del TSJ. La cuestión a resolver en este caso es si tiene derecho a la prestación pública de asistencia sanitaria una ciudadana de nacionalidad marroquí que dispone de permiso de residencia temporal en España por reagrupación familiar, así como de un seguro médico privado.

Amplia jurisprudencia

El auto del Supremo indica que existe amplia jurisprudencia sobre este asunto y que la cuestión ha sido ya resuelta por la misma Sala en favor de la tesis de la entidad gestora. Así, cita las sentencias del pleno de 13 de mayo de 2019; recursos 3626/17; 4622/17; 1068/18;2022/18.

Tribunal Supremo (Foto: Cadena Ser)

Llegado a este punto, y “por razones de seguridad jurídica y de igualdad de trato”, los magistrados basan su fallo en los mismos criterios aplicados en esos precedentes, “tanto en lo que se refiere al análisis de la contradicción, como a la resolución sobre el fondo del asunto, por no concurrir en este caso circunstancias especiales que pudieren justificar un diferente pronunciamiento”.

Uno de los argumentos recurrentes en las diferentes sentencias dictadas sobre esta cuestión es que “la regulación legal de esta materia se ha visto radicalmente modificada tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud”, una nueva normativa legal que “no es aplicable al caso por evidentes razones temporales”.

Sobre esta cuestión, el Supremo recuerda que en las referidas sentencias también se hace referencia a que en la norma se ha obviado «el concepto de asegurado y beneficiario, retorna al de titular del derecho a la atención sanitaria, y ha modificado el artículo 3 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, dejando fuera la figura del asegurado”. Tras la modificación, el apartado 1 de este artículo pasa a decir que “son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria todas las personas con nacionalidad española y las personas extranjeras que tengan establecida su residencia en el territorio español”.

No obstante, subraya el Supremo, para hacer efectivo el derecho al que se refiere el apartado 1 con cargo a los fondos públicos de las administraciones competentes, las personas titulares de los citados derechos deberán encontrarse en algunos de los siguientes supuestos: […] “Ser persona extranjera y con residencia legal y habitual en el territorio español y no tener la obligación de acreditar la cobertura obligatoria de la prestación sanitaria por otra vía».

Instituto Nacional de la Seguridad Social. (Foto: Archivo)

Requisitos previos

La sentencia considera que para la concesión de la tarjeta de residencia deben darse los requisitos previstos en el RD 240/2007, que regula la entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Este precepto exige que el reagrupante disponga de recursos para no convertirse en una carga para la asistencia social en España y de un seguro de enfermedad que cubra los riesgos del reagrupado.

Por tanto, en la sentencia, cuyo ponente ha sido el magistrado Sebastián Moralo, se afirma que el familiar tiene cubierta la asistencia sanitaria por el reagrupante, que debe mantenerla durante todo el tiempo de residencia legal. Además, esta cobertura debe ser calificada de obligatoria en tanto que viene impuesta legalmente y con permanencia durante todo el tiempo de residencia del reagrupado en el Estado de acogida.

“Si ello es así, la protección que se pide con cargo a los fondos públicos es innecesaria por estar ya cubierta por otra vía legal, aunque sea a cargo de un tercero que se ha obligado a dar cumplimiento a esa exigencia normativa, de modo que el familiar no está desprotegido en materia de asistencia sanitaria, al tener una cobertura obligatoria por otra vía distinta a la pública”, afirma la sentencia, que desestima la petición de la reclamante.

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