El Tribunal Constitucional validará la Ley de amnistía esta semana sin necesidad de esperar a lo que diga el TJUE sobre ella

El Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido, quien hace unos días pidió públicamente respeto para las decisiones del Tribunal de Garantías, no alterará su hoja de ruta sobre el pronunciamiento de esta entidad sobre la Ley de amnistía. Es la conclusión que deja la primera jornada del pleno monográfico que arrancó este lunes, 23 de junio, para examinar el recurso de inconstitucionalidad que presentó el Partido Popular (PP) contra esta polémica normativa.

Los 10 magistrados —seis del bloque progresista y cuatro conservadores—, estudiarán el recurso del PP contra la Ley que acordó borrar la responsabilidad penal, administrativa y contable en las causas del ‘Procés’.

Según explican fuentes cercanas al Tribunal Constitucional (TC), la sentencia marcará el camino al resto de los 30 recursos que se están tramitando en el Tribunal y que no se verán hasta después del verano. También se barrunta que se ve a medio plazo un choque del Constitucional con la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS).

El recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP cuestiona la totalidad de la Ley de amnistía por considerar que vulnera principios fundamentales como la igualdad ante la ley, la separación de poderes o la prohibición de indultos generales recogida en la Constitución Española. A este recurso se suma también el presentado por Vox.

Cabe recordar que en este debate participarán 10 de los 12 magistrados que componen la Corte de Garantías. Juan Carlos Campo decidió abstenerse porque cuando era ministro de Justicia suscribió en el informe a favor de indultar a los condenados por el ‘Procés’ que la amnistía era “claramente inconstitucional”.

Por su parte, otro de los magistrados, José María Macías fue recusado a petición de la Fiscalía General del Estado porque en su época como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se pronunció en dos textos con “valor institucional” sobre la norma, lo que le contaminaría a la hora de participar en las deliberaciones. Macías iba a ser en un principio el ponente de este primer recurso, pero tras ser apartado se le encargó a la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán.

Por otro lado, tres magistrados conservadores (César Tolosa, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel), el PP y el Senado reclamaron hace días que el TC planteara una cuestión prejudicial en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o que la deliberación y la sentencia sobre el recurso del PP —que será el de cabecera y servirá de guía para resolver el resto de recursos— se detuviera hasta que el TJUE se pronunciara sobre las que tiene encima de la mesa.

En el caso de Enrique Arnaldo, este magistrado ha dejado claro recientemente en una entrevista en Economist & Jurist TV que la amnistía es uno de los temas claves de estos dos últimos años para el Tribunal Constitucional por las repercusiones que va a tener, y que sería necesario un debate sosegado y profundo sobre su contenido, cuestión que sería rechazada por la mayoría progresista.

Ahora bien, la “opinión mayoritaria” de los magistrados ha sido “contraria” a plantear una cuestión prejudicial y, por lo tanto, el pleno del TC lo ha descartado. Así pues, la sentencia saldrá adelante con el calendario previsto, que llevará al Tribunal Constitucional a avalar la constitucionalidad de la norma a finales de esta semana.

El debate se está organizando por bloques temáticos según fuentes jurídicas consultadas. Tras resolver la cuestión europea, que ha quedado descartada en esta primera sesión, los magistrados analizarán si la Constitución Española permite la amnistía en términos generales; si esta amnistía en particular es constitucional; y, finalmente, estudiarán las tachas específicas que los populares hacen a determinados artículos de la ley.

La vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Inmaculada Montalbán, ha presentado un borrador de ponencia sobre la amnistía que avala su legalidad. (Imagen: Poder Judicial)

La ponencia avala la Ley de amnistía

Sobre la mesa está el borrador de la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, que entre otras cosas defiende que la amnistía encaja en la Constitución, que no es arbitraria ni responde a un capricho y que el porqué de la ley es “jurídicamente indiferente”.

La ponente del borrador de la sentencia del Tribunal Constitucional que dará respuesta al recurso del PP contra la Ley de amnistía, la vicepresidenta y magistrada progresista Montalbán, rechazaba en el anterior Pleno que la corte de garantías consultase al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por una ley que está “íntimamente relacionada con cuestiones políticas subyacentes (…) que son eminentemente nacionales”.

No obstante, plantea ese borrador tres matices a la norma: acota más la ley al decretar que no son amnistiables los hechos posteriores al 13 de noviembre de 2023; establece que el perdón debe abarcar a protestas en contra del ‘Procés’ y no solo a las actuaciones en favor de la independencia; y obliga a preguntar a todas las partes para proceder al archivo de un procedimiento en el Tribunal de Cuentas.

La ponencia de 191 páginas no aprecia una vulneración del principio de igualdad, deja al margen un pronunciamiento sobre la malversación del ‘Procés’ y defiende que la medida se acordó en beneficio de un “interés general” para la “pacificación” de Cataluña con el objetivo de recuperar la convivencia y superar las tensiones sociales y políticas del desafío independentista.

El borrador declara constitucional la práctica totalidad del texto al sostener, en esencia, que el TC no debe entrar a valorar los motivos políticos que llevaron a su aprobación en las Cortes, sino únicamente si la norma es incompatible con la Constitución.

“El concreto objetivo político que con la Ley pretenda conseguir el legislador no es cuestión que incumba a este tribunal”, señala el borrador de la magistrada Inmaculada Montalbán, quien en respuesta al PP —que achaca la amnistía a “una transacción política para asegurar la investidura”— señala que todas las leyes responden a “criterios de oportunidad política”.

Respecto a la constitucionalidad de la amnistía, la ponencia indica que “el legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente. Respetando este límite, ningún contenido puede considerarse exento de la posibilidad de que el Parlamento lo atraiga hacia sí”.

Las primeras vistas sobre la Ley de amnistía en el TJUE tendrán lugar este 15 de julio. (Imagen: TJUE)

Las vistas del TJUE en julio

En paralelo, el líder de Vox, Santiago Abascal, pidió ayer a los magistrados “decentes” del TC que no acudan a los plenos sobre el recurso de la Ley de amnistía para impedir validar la norma por falta de quorum establecido en un mínimo de ocho magistrados.

Por su parte, el líder de la oposición ha desacreditado por completo El borrador de la ponencia del Tribunal Constitucional que avala la Ley de amnistía que, entre otros, recurrió el PP. Durante un mitin, en el marco de su campaña interna para revalidar su liderazgo, Alberto Núñez Feijóo ha dictaminado que dicha norma es “inconstitucional”, tal y como han señalado con anterioridad “todos los expertos del país”.

Hay que indicar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha convocado el próximo 15 de julio, según ha podido confirmar este diario, una vista única sobre la amnistía, con lo cual ya conocerá la validación que se espera de la Ley por parte del Tribunal Constitucional. Se estima que en septiembre llegará el momento de las conclusiones del abogado general y aproximadamente otros dos meses después llegará el fallo.

En ese vista se abordará las dudas planteadas por cuatro tribunales españoles sobre la adecuación de la polémica Ley al Derecho comunitario. En concreto, la planteada por el Tribunal de Cuentas, instada por Societat Civil Catalana; ahora  elevada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), impulsada por Vox en el caso del Primero de Octubre donde están procesados Josep María Jové, Lluís Salvadó y Natàlia Garriga.

Junto a ellas, una tercera formulada por la Audiencia Nacional en el marco del sumario Judas, por parte de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT), aunque los guardias civiles del caso han quedado amnistiados; y una cuarta planteada por el Juzgado de lo Penal núm. 3 de Vilanova i la Geltrú, en el caso de una desobediencia por negarse a quitarse el lazo amarillo mientras formaba parte de una mesa electoral.

Todos ellos han llamado a la puerta del TJUE para plantear posibles vulneraciones de la norma del Derecho de la Unión y ahora el tribunal de Luxemburgo ha decidido aglutinar en una sola vista —tal y como solicitó la defensa de Carles Puigdemont— las cuatro cuestiones prejudiciales, lo que acelerará la decisión de la Justicia comunitaria sobre la amnistía.

Según expertos consultados por E&J, la decisión de Luxemburgo será clave para saber si la Ley de amnistía puede aplicarse plenamente o si algunos de sus artículos son incompatibles con el marco legal europeo. Los primeros fallos, por tanto, no solo tendrán efectos jurídicos, sino que también podría tener importantes consecuencias políticas, tanto para el Gobierno de Pedro Sánchez como para las fuerzas independentistas.