El desastre legislativo del mercado de vivienda en Cataluña
La normativa catalana relacionada con la vivienda y sus distintas formas de uso está generando inseguridad jurídica, provocando una reducción drástica de la oferta de inmuebles en alquiler y un incremento continuado de los precios de adquisición de viviendas
(Imagen: E&J)
El desastre legislativo del mercado de vivienda en Cataluña
La normativa catalana relacionada con la vivienda y sus distintas formas de uso está generando inseguridad jurídica, provocando una reducción drástica de la oferta de inmuebles en alquiler y un incremento continuado de los precios de adquisición de viviendas
(Imagen: E&J)
La ley del alquiler catalana que fue aprobada el último mes de diciembre ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional. Este recurso ya ha sido admitido a trámite. A pesar de ello, una de las más importantes asociaciones de propietarios de Barcelona, Som Habitatage, ha presentado una queja ante el Sindic de Grujes de Cataluña, al sostener que esta ley puede vulnerar la Constitución, el derecho de propiedad e invadir competencias estatales en materia de vivienda.
En el escrito de queja, reforzado por dictámenes de reconocidos juristas independientes, la asociación indicada sostiene que la ley introduce cambios de importancia estructural en el uso del suelo urbano al permitir destinar parcelas de equipamientos comunitarios a alojamiento temporal de protección privado sin ser necesario la modificación del planeamiento urbanístico. Igualmente, la nueva norma amplia de forma exagerada los procedimientos sancionadores urbanísticos.
Además, también se detecta en la nueva ley una previsión incoherente en materia de sanciones que puede provocar que una misma conducta pueda ser sancionada simultáneamente por esta nueva ley, por la normativa de vivienda y por la legislación de consumo, al no existir una norma que coordine los mandatos de estas diferentes leyes.
La ley ahora recurrida genera inseguridad jurídica, con relación a la compatibilidad de los instrumentos planeamiento supramunicipal con la autonomía local.
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En resumen, un festival de confusión que remite esta normativa catalana al centro del debate jurídico por la intervención pública en el mercado de la vivienda y por los límites constitucionales del derecho de propiedad.
Lo cierto que la normativa catalana relacionada con la vivienda y sus distintas formas de uso está generando inseguridad jurídica, provocando una reducción drástica de la oferta de viviendas en alquiler y un incremento continuado de los precios de adquisición de viviendas, que en Barcelona ya ronda los 5.200 euros por metro cuadrado de precio medio, llegando en los barrios más selectos de la ciudad a los 6.800 euros por metro cuadrado.
Los controles de precio en el mercado catalán y la limitación de alquileres y el veto a compras de inversión han generado una importante contracción de la oferta disponible en el mercado y un aumento cruel de la competencia entre inquilinos.
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