Los informes que reseñan la contradicción legislativa en materia de vivienda del Gobierno

Dos ministros de Economía que escribieron lo contrario de lo que votan

El Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido la intervención del mercado del alquiler en el eje de su política de vivienda. Sin embargo, los dos únicos ministros de Economía que ha tenido en sus ocho años en el poder, Nadia Calviño y Carlos Cuerpo, se han manifestado por escrito y en público en contra de las medidas que el Ejecutivo ha terminado aprobando. La contradicción no es una impresión subjetiva ni una interpretación interesada: está documentada en informes técnicos, en declaraciones públicas y en libros de memorias. Y esa documentación revela un patrón inquietante: las decisiones de política económica del Gobierno no se adoptan sobre la base de criterios técnicos, sino en función de las conveniencias políticas del momento y de las exigencias de sus socios parlamentarios.

El caso más llamativo es el de Carlos Cuerpo, actual vicepresidente primero y ministro de Economía. Antes de incorporarse al Gobierno, Cuerpo trabajó como técnico en la Comisión Europea y firmó en 2014, junto a Peter Pontuch y Sona Kalantaryan, un documento titulado La regulación del mercado de alquiler en la Unión Europea. En él, el actual vicepresidente escribió que el control de los alquileres parece tener un impacto significativamente desestabilizador en el mercado de la vivienda en su conjunto, ya que aumenta la volatilidad de los precios cuando se enfrenta a distintos tipos de perturbaciones, como cambios en la población, en la renta disponible, en la inversión residencial y en los tipos de interés a largo plazo. El trabajo de Cuerpo figura en la bibliografía del informe de 2025 de la Comisión Europea contrario a imponer controles de precios. Es decir, el propio vicepresidente primero había documentado técnicamente lo que ahora el Gobierno que él integra se niega a reconocer: que la intervención de los alquileres produce efectos contrarios a los que dice perseguir.

La crítica de Cuerpo a la reforma de Rajoy y su incoherencia actual

El informe de Cuerpo no se limita a advertir sobre los peligros del control de alquileres. También analiza la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013 y destaca que, con aquella reforma, la legislación española se volvió efectivamente más flexible en lo que respecta a la fijación de los alquileres y más neutral a la hora de establecer los incentivos entre propietarios e inquilinos. La conclusión del entonces técnico europeo era que la reforma del Partido Popular había introducido elementos de flexibilidad y neutralidad que mejoraban el funcionamiento del mercado.

Carlos Cuerpo tomando posesión como vicepresidente primero en el acto de traspaso de cartera. (Imagen: Ministerio de Economía, Comercio y Empresa)

Suscríbete a nuestra
NEWSLETTER

⚠ Por favor, introduce un correo válido.

El contraste con la posición actual del Gobierno no puede ser más acusado. El Ejecutivo de Sánchez ha convertido la crítica a la reforma de 2013 en uno de sus argumentos políticos recurrentes, sosteniendo que aquella norma desprotegía al inquilino al rebajar los años de contrato y facilitar los desahucios. Pero el actual vicepresidente primero, cuando era técnico en Bruselas, valoró esa misma reforma como un avance hacia la flexibilidad y la neutralidad. La incoherencia es flagrante: quien hoy defiende la intervención de los precios y la ampliación forzosa de los contratos, ayer escribía que la flexibilidad y la neutralidad eran virtudes del mercado del alquiler.

Las advertencias públicas de Calviño

La antecesora de Cuerpo al frente del Ministerio de Economía, Nadia Calviño, actual presidenta del Banco Europeo de Inversiones, también se mostró crítica con la intervención de los precios del alquiler. En 2021 declaró que regular los precios de los alquileres no es una medida que vaya a solucionar todos los problemas, y que no es el bálsamo de Fierabrás. En febrero de 2023, preguntada por la posibilidad de poner topes a los alquileres, afirmó que los ciudadanos no quieren que demos mensajes que son fáciles y que en un momento dado pueden ser atractivos, pero que no resuelven los problemas. Las declaraciones de Calviño no eran ambiguas: expresaban una posición técnica clara contra la intervención de los precios.

En su libro de memorias, Más de 2.000 días en el Gobierno, Calviño despejó cualquier duda sobre su posición. Relata su choque con el entonces vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, cuando este pretendía congelar el pago de todos los alquileres del país durante la pandemia. Calviño le respondió que no podían hacerlo sin evaluar con cuidado el impacto que podría tener, muy significativo, sobre todos los propietarios de viviendas, muchos de ellos personas de clase media. Iglesias no la dejó terminar su razonamiento y la amenazó con hablar con el presidente. Calviño le dijo que hablara con él, y la conversación terminó ahí. El Real Decreto-ley salió adelante como quería Iglesias, pero la ministra de Economía había dejado constancia de su oposición.

Nadia Calviño, exvicepresidente del Gobierno y exministra de Economía, ocupa actualmente el cargo de presidenta del Banco Europeo de Inversiones. (Imagen: Ministerio de Economía, Comercio y Empresa)

La subordinación de la política económica a la conveniencia política

El patrón que revelan estos episodios es claro: las decisiones de política económica del Gobierno no se adoptan sobre la base de criterios técnicos, sino en función de las exigencias de sus socios parlamentarios y de la conveniencia política del momento. Los ministros de Economía, que deberían ser los garantes de la ortodoxia presupuestaria y de la eficiencia del mercado, han terminado asumiendo y defendiendo medidas que sus propios informes y declaraciones desaconsejaban. La subordinación de la política económica a la política parlamentaria no es un fenómeno nuevo, pero alcanza en este caso una intensidad que merece ser señalada.

Considero que esta subordinación tiene consecuencias graves. La primera es la pérdida de credibilidad de las instituciones económicas del Gobierno. Cuando el ministro de Economía firma informes que advierten contra una medida y luego vota a favor de esa medida, su palabra pierde valor. La segunda es la degradación de la política económica, que deja de guiarse por criterios técnicos para convertirse en un instrumento de negociación parlamentaria. Y la tercera es el perjuicio para los ciudadanos, que sufren las consecuencias de medidas que los propios responsables económicos del Gobierno consideraban contraproducentes.

Las consecuencias de la intervención de los alquileres

Los informes que advierten contra el control de alquileres no son especulaciones ideológicas. La evidencia empírica acumulada en múltiples países demuestra que la intervención de los precios del alquiler produce efectos contrarios a los que persigue. Reduce la oferta, porque los propietarios retiran sus viviendas del mercado o dejan de invertir en nuevas promociones. Encarece los precios de las viviendas en venta, porque la reducción de la oferta de alquiler desplaza la demanda hacia la compraventa. Dificulta la movilidad laboral, porque los inquilinos con contratos protegidos se aferran a sus viviendas y no se trasladan a otras ciudades donde podrían encontrar empleo. Y genera mercados negros, porque la demanda insatisfecha busca fórmulas alternativas al margen de la ley.

El propio informe de Cuerpo de 2014 lo advertía: los inconvenientes del control de alquileres en cuanto a sus consecuencias imprevistas para la estabilidad del mercado de la vivienda y sus efectos negativos en la movilidad laboral desaconsejarían su uso con fines redistributivos. Y añadía que las preocupaciones sociales, como la provisión de oportunidades de vivienda asequible para los hogares de bajos ingresos y la prevención de situaciones de sinhogarismo, requieren políticas más específicas, que mejorarían el bienestar social sin perjudicar la eficiencia del mercado del alquiler. Es decir, el actual vicepresidente primero del Gobierno había formulado, hace más de una década, la receta que su propio Gobierno se niega a aplicar.

(Imagen: E&J)

Reflexiones finales sobre una contradicción que no puede sostenerse

La contradicción entre lo que los ministros de Economía escribieron y lo que el Gobierno hace no es un detalle anecdótico. Es la prueba de que la política de vivienda del Ejecutivo no responde a un diagnóstico técnico, sino a una estrategia política. Y esa estrategia consiste en mantener el apoyo de los socios parlamentarios a cualquier precio, aunque el precio sea la aplicación de medidas que los propios responsables económicos del Gobierno consideraban contraproducentes. El resultado es una política de vivienda que no resuelve el problema, que reduce la oferta de alquiler, que encarece el acceso y que genera inseguridad jurídica para propietarios e inquilinos.

Los informes que reseñan esta contradicción no son documentos secretos ni filtraciones interesadas. Son trabajos técnicos, publicados y citados por la Comisión Europea, y declaraciones públicas de los propios protagonistas. Están ahí, a disposición de cualquiera que quiera consultarlos. Y lo que revelan es una incoherencia que el Gobierno no puede seguir ignorando. Porque la política económica no puede construirse sobre la negación de la evidencia, ni la política de vivienda puede resolverse con medidas que la experiencia y los informes desaconsejan. La vivienda merece un debate serio, basado en datos y no en consignas. Y los ciudadanos merecen un Gobierno que no les venda como solución lo que sus propios ministros describieron como problema.