Declarado improcedente, pero no nulo, el cese de un informático municipal cuyo contrato de relevo venció cuando demandó al ayuntamiento

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirma la improcedencia, pero no la nulidad, de un informático de un ayuntamiento de Almería que fue cesado a los pocos de días de haber presentado una demanda por falso autónomo y fraude de ley.

El trabajador defendía que su despido había sido una represalia por haber demandado a la corporación municipal y por haber disfrutado de los permisos de paternidad y lactancia, sin embargo, la Sala de lo Social entiende que el cese respondió a que venció el contrato de relevo que tenía el empleado, ya que se jubilaba el trabajador al que relevaba.

Los magistrados concluyen que el cese respondió al vencimiento pactado y no a esa reclamación. Pues, el 14 de abril terminaba el contrato de relevo que el trabajador había firmado para cubrir la jubilación parcial de un compañero, y ese mismo día el ayuntamiento dio por extinguida la relación. Seis días antes, el empleado había comunicado por escrito a la corporación que acababa de demandarla para que se le reconociera como trabajador fijo.

En consecuencia, dado que la justicia ha reconocido al empleado como indefinido no fijo y el cese ha sido declarado improcedente, el ayuntamiento tendrá que optar entre readmitirle o pagarle una indemnización de 9.648 euros.

(Imagen: E&J)

Siete años prestando sus servicios en el mismo despacho

Según consta en la sentencia (disponible en el botón ‘descargar resolución’), el trabajador empezó a prestar sus servicios como técnico de la web del ayuntamiento en diciembre de 2016, con un contrato temporal por obra o servicio vinculado a un programa de empleo de la Junta de Andalucía.

Durante ese periodo implantó la aplicación de gestión de expedientes «Gestiona» y resolvía las incidencias de los usuarios municipales, incluida su conexión con el programa que usaba la Policía Local. Trabajaba desde un despacho del ayuntamiento, con ordenador, teléfono y correo electrónico municipales.

Dicho contrato terminó en agosto de 2017, sin que el trabajador impugnara el mismo. Posteriormente, el trabajador estuvo cobrando la prestación por desempleo hasta diciembre de ese año.

El 1 de enero de 2018 el actor se dio de alta como autónomo y durante 2018, 2019 y 2020 resultó adjudicatario de contratos menores anuales del ayuntamiento, por 18.000 euros más IVA el primer año y 15.000 euros más IVA cada uno de los dos siguientes, para trabajos de gestión electrónica de expedientes, portal de transparencia y sede electrónica.

Entre enero y julio de 2021 siguió prestando sus servicios como autónomo, hasta que en agosto de ese año firmó un contrato de relevo, a media jornada de 20 horas semanales, como técnico de operaciones de sistemas informáticos con el ayuntamiento. Posteriormente, en noviembre de 2022 disfrutó de 16 semanas de permiso por el nacimiento de su hija, y en junio de 2023 solicitó la lactancia acumulada. Ambos permisos le fueron concedidos por la corporación municipal.

En marzo de 2024 el ayuntamiento le comunicó que el contrato de relevo terminaría el 14 de abril, fecha en la que se jubilaba definitivamente el trabajador que el actor estaba relevando.

El informático, por su parte, el 5 de abril presentó una demanda por falso autónomo y fraude de ley, y el 8 de abril lo notificó por escrito a la corporación.

(Imagen: E&J)

El cese es improcedente, no nulo

El Juzgado de lo Social n.º 6 de Almería negó reconocer la condición de fijo del trabajador, pero lo declaró indefinido no fijo, por eso calificó el cese de improcedente, pero no de nulo como solicitaba el empleado. El juzgador fijó la antigüedad del informático en enero de 2018, en lugar de 2016, porque el periodo de desempleo de 2017 había roto la continuidad.

En consecuencia, el ayuntamiento fue condenado a elegir entre readmitir al técnico informático o pagarle una indemnización de 9.648 euros.

La sentencia fue recurrida por el empleado, que reiteraba en el recurso que se declarase la nulidad de su cese en el ayuntamiento, así como que se le readmitiera con salarios de tramitación, que se le abonaran 7.501 euros de indemnización y que se le reconociera la antigüedad desde 2016.

El recurrente también quiso añadir a los hechos probados que siguió trabajando sin contrato mientras cobraba el paro y que el compañero relevado llevaba años sin acudir a su puesto. Asimismo, que tras su permiso de paternidad le atornillaron la ventana del despacho, lo trasladaron a la sala de servidores y le retiraron los permisos en «Gestiona» y en el programa policial.

No obstante, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Andalucía ha desestimado el recurso y confirmado la sentencia del Juzgado.

(Imagen: E&J)

El Tribunal rechaza que el cese no fuese una represalia

La Sala de lo Social ha rechazado todas las modificaciones alegadas por el trabajador en su recurso porque se apoyaban en la declaración de un testigo, una prueba que, según indican los magistrados, no sirve para revisar los hechos del presente recurso. Y sobre el periodo de desempleo, el Tribunal afirma que los documentos aportados no acreditaban ninguna prestación de servicios irregular.

No obstante, el TSJ andaluz reconoce que la comunicación del 8 de abril era un indicio suficiente de una posible vulneración de la garantía de indemnidad, la protección frente a represalias por reclamar judicialmente. Sin embargo, ese indicio trasladó al ayuntamiento la obligación de justificar su decisión, y la corporación lo consiguió: el cese no fue arbitrario, sino que coincidió con la fecha de fin del contrato del trabajador al que el actor relevaba, fecha que estaba fijada desde 2021.

Por otro lado, la Sala tampoco aprecia discriminación por paternidad. La ley protege especialmente a quien es despedido en los 12 meses siguientes al nacimiento, pero el cese del actor se produjo pasado ese tiempo, concretamente cerca de un año y cinco meses después, por lo que no cabe apreciar una conexión temporal entre los permisos y el cese.

Por último, el Tribunal descarta reconocer la fijeza del empleado, ya que siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo, sin haber superado un proceso selectivo conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad, convertir la relación en fija resultaría contraria a la ley.