Crisis en Ceuta: el Gobierno aprueba un Real Decreto-ley con 309 millones de euros para menores, migrantes y seguridad
La norma moviliza fondos urgentes para acogida, seguridad y servicios esenciales, al tiempo que introduce bonificaciones fiscales y laborales permanentes
(Imagen: E&J)
Crisis en Ceuta: el Gobierno aprueba un Real Decreto-ley con 309 millones de euros para menores, migrantes y seguridad
La norma moviliza fondos urgentes para acogida, seguridad y servicios esenciales, al tiempo que introduce bonificaciones fiscales y laborales permanentes
(Imagen: E&J)
El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes un Real Decreto-ley de medidas urgentes de carácter social y económico para la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Moviliza 309 millones de euros en lo que resta de 2026; la cifra representa el 16% del PIB ceutí en apenas cuatro meses. Se canaliza a través del artículo 86 de la Constitución, la vía del decreto-ley, que exige la concurrencia de una «extraordinaria y urgente necesidad». La vigencia de la norma está sujeta a que el Congreso de los Diputados la convalide dentro de los treinta días siguientes a su promulgación.
El Gobierno funda la elección del instrumento en la situación migratoria excepcional registrada en Ceuta los días 30 y 31 de julio pasados. El plan se estructura en cuatro ejes presupuestarios:
- El primero, 21 millones de euros para el refuerzo de servicios esenciales: Justicia, Sanidad, Educación y abastecimiento de agua.
- El segundo, 90 millones para seguridad, que incluyen incentivos al rendimiento para la Policía Nacional (7,1 millones) y la Guardia Civil (8 millones), además de una dotación de 74 millones para el Ministerio de Defensa por el despliegue y repliegue de personal y medios.
- El tercero, 118 millones para acogida humanitaria, entre ellos la atención a 1.500 menores migrantes no acompañados.
- El cuarto, 80 millones para empresas y trabajadores, entre ayudas directas, bonificaciones fiscales y alivio en cotizaciones a la Seguridad Social. El conjunto se suma al compromiso estatal recogido en el Plan Integral Socioeconómico de 2022, fruto de la colaboración entre el Estado y el gobierno de la ciudad.
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Protección social y apoyo económico
En el terreno de las personas, la norma refuerza el acceso a la justicia con 4,5 millones de euros para jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia y funcionarios dedicados a agilizar los expedientes de los migrantes, así como para la asistencia jurídica gratuita y la automatización de procedimientos. En Sanidad se incorporan 100 nuevos profesionales del INGESA.
En materia de acogida, se destinan 53,4 millones al alojamiento y la atención básica de personas migrantes. También contempla una dotación adicional de 63,6 millones, adicionales a 25 millones previamente aprobados, para reforzar la capacidad de atención a los menores no acompañados.
En el frente económico, los autónomos recibirán una ayuda directa fija de 5.000 euros y las empresas, entre 10.000 y 150.000 euros según su volumen de facturación. A esto se añade una línea de avales del Estado por 50 millones, gestionada por el ICO, para facilitar el acceso a financiación.
Una medida duradera
El decreto-ley incluye también un grupo de medidas de carácter permanente. El Gobierno aumenta «de forma permanente», así lo dice la propia norma, la bonificación del Impuesto de Sociedades del 50% al 60% para empresas de Ceuta y Melilla. Eleva del 50% al 75% la bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social para contratos indefinidos con formación, también con carácter permanente.
A ello se suma la prórroga hasta 2031 de la dotación anual para el puerto de Ceuta. De este modo, el apoyo presupuestario conjunto para Ceuta y Melilla alcanzará los 507,5 millones de euros hasta ese año.
(Imagen: E&J)
El decreto-ley se enmarca así en dos tiempos distintos: uno inmediato, ligado a los sucesos de julio y a los cuatro meses que restan de 2026, y otro que se extiende hasta 2031 a través de bonificaciones fiscales y laborales de vigencia permanente. Queda planteada la pregunta sobre si ambos tiempos conviven sin tensión dentro de un mismo instrumento pensado, en su origen constitucional, para responder a necesidades urgentes y de duración acotada.
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