El TSJ de Madrid confirma la condena a Toño Sanchís por apropiarse de más de 475.000 euros de Belén Esteban
El exrepresentante cobraba todos los ingresos, debía transferir el 80% a la sociedad de la presentadora y durante años aplicó comisiones superiores a las pactadas; pero la condena a dos años de prisión todavía puede recurrirse ante el Supremo
(Imagen: RTVE)
El TSJ de Madrid confirma la condena a Toño Sanchís por apropiarse de más de 475.000 euros de Belén Esteban
El exrepresentante cobraba todos los ingresos, debía transferir el 80% a la sociedad de la presentadora y durante años aplicó comisiones superiores a las pactadas; pero la condena a dos años de prisión todavía puede recurrirse ante el Supremo
(Imagen: RTVE)
La confianza facilita las relaciones humanas y profesionales, pero no puede convertir la obligación de rendir cuentas en una facultad discrecional. Cuando una persona recibe dinero ajeno para administrarlo, liquidarlo y entregar a su titular la parte correspondiente, esa confianza no reduce su responsabilidad: la aumenta. Y cuando quien gestiona los ingresos decide alterar unilateralmente los porcentajes pactados y quedarse con la diferencia, el conflicto deja de ser una mera discrepancia contractual para poder entrar en el terreno del Derecho penal.
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado la condena impuesta a Toño Sanchís, exrepresentante de Belén Esteban, como autor de un delito continuado de apropiación indebida por haberse apoderado de más de 475.000 euros correspondientes a los ingresos profesionales de la colaboradora televisiva y de su sociedad BEM Imaging, S.L.
El tribunal ha desestimado tanto el recurso de apelación de la defensa como el formulado por la acusación particular y mantiene la pena de dos años de prisión y 7 meses de multa, con una cuota diaria de 10 euros —2.100 euros en total— y responsabilidad personal subsidiaria de dos meses en caso de impago. También confirma la obligación de indemnizar a la perjudicada en la cantidad que finalmente se determine durante la ejecución de la sentencia.
La resolución todavía no es firme, pues frente a ella cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Así lo ha comunicado oficialmente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
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(Imagen: @TSanchisG)
La relación profesional comenzó el 13 de mayo de 2009, cuando Belén Esteban firmó un contrato de representación artística exclusiva con la Agencia de Servicios Lorant, S.L., gestionada realmente por el condenado. El sistema pactado era sencillo: la agencia cobraba los honorarios obtenidos por la cesión de derechos de imagen y las colaboraciones en programas y medios de comunicación, descontaba una comisión del 20% y transfería el 80% restante a BEM Imaging.
El representante recibía, por tanto, el dinero antes que su verdadera titular. La relación descansaba sobre la plena confianza que Belén Esteban había depositado en él, hasta el punto de que gestionaba las operaciones cotidianas sin que la presentadora supervisara los cálculos ni comprobara individualmente cada liquidación.
Pero la confianza que debía servir para ejecutar correctamente el contrato, terminó convirtiéndose en el instrumento que permitió ocultar el desequilibrio.
Según los hechos declarados probados por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid y aceptados íntegramente por el TSJ, poco después de comenzar la relación y hasta su finalización en 2015, Toño Sanchís aplicó comisiones superiores al 20% pactado. Para ello, facilitaba a la gestoría cantidades inferiores al 80% que correspondía facturar a favor de BEM Imaging y se quedaba con la diferencia.
La sentencia descarta que hubiera existido una modificación posterior del contrato que autorizara el cobro de porcentajes superiores. No se trataba, por tanto, de interpretar una cláusula ambigua ni de resolver una liquidación discutible, sino de aplicar un porcentaje distinto del expresamente acordado sin que existiera una novación que lo justificara.
Mediante este procedimiento, el condenado se apropió de 362.248,14 euros procedentes de numerosos contratos con productoras, revistas y empresas. Entre ellas figuraban Gestmusic Endemol, Furiezza, RBA Lecturas, Cosmetics Galeno y La Fábrica de la Tele. Solo las cantidades relacionadas con esta última ascendieron a 164.748,21 euros.
A ello se añadieron dos facturas emitidas por BEM Imaging por importes de 12.100 y 14.520 euros que fueron retenidas sin presentarse al cobro ante la agencia. Posteriormente, en la pieza civil de rendición de cuentas, aparecieron otros 86.703,48 euros. El perjuicio total reconocido judicialmente supera así los 475.571 euros.
(Imagen: RTVE)
Cuando la relación profesional terminó en 2015 y el representante se negó a rendir cuentas, Belén Esteban y sus sociedades acudieron inicialmente a la jurisdicción civil. El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Torrejón de Ardoz y posteriormente la Audiencia Provincial de Madrid condenaron a la Agencia de Servicios Lorant a presentar las cuentas y abonar 388.868,14 euros.
Sin embargo, obtener una sentencia favorable no equivale siempre a recuperar inmediatamente el dinero. Durante la ejecución civil únicamente se consiguieron 49.318,33 euros en efectivo y la adjudicación de una vivienda tasada en 375.000 euros, pero gravada con una hipoteca. El valor neto realmente obtenido tras su posterior venta deberá determinarse y acreditarse ahora durante la ejecución penal para evitar que una misma cantidad sea abonada dos veces.
Esta circunstancia explica por qué la indemnización no queda fijada definitivamente en la sentencia penal. Del perjuicio reconocido habrá que descontar todo lo que la perjudicada haya logrado recuperar mediante el procedimiento civil, incluido el rendimiento neto de la vivienda una vez deducidas las cargas que soportaba.
La agencia entró en concurso de acreedores en 2020 y acabó extinguiéndose. Esta desaparición societaria no impidió atribuir la responsabilidad penal a quien, según los hechos probados, dirigía efectivamente la actividad.
El tribunal considera acreditado que Toño Sanchís actuaba como administrador de hecho: calculaba los porcentajes, daba instrucciones a la gestoría y decidía el destino del dinero retenido. Su esposa aparecía como administradora formal, pero se limitaba a firmar la documentación. El Derecho penal atiende así a quién ejerce realmente el poder de decisión y no únicamente al nombre que figura inscrito en los documentos societarios.
La defensa alegó falta de motivación, vulneración de la presunción de inocencia y error en la valoración de la prueba. Pero el TSJ rechaza todos estos motivos y concluye que la sentencia de la Audiencia Provincial contiene una explicación suficiente, detallada y alejada de cualquier razonamiento arbitrario.
(Imagen: E&J)
La condena no descansa únicamente en la declaración de la perjudicada. La Sala destaca la existencia de un conjunto probatorio integrado por el contrato de representación, las facturas, la documentación contable, los informes periciales elaborados por María Begoña Pereira García y Audiex Auditores, así como las declaraciones de la querellante y de diferentes testigos.
De esas pruebas se desprende la existencia de un contrato que limitaba la comisión al 20%, la inexistencia de una modificación válida que permitiera elevarla y la intervención directa del acusado en el cálculo de los porcentajes y en la disposición de las cantidades retenidas. La prueba documental, contable, pericial y testifical no aparece aislada, sino que conduce a una misma conclusión.
El caso ofrece una enseñanza que va mucho más allá de sus conocidos protagonistas. Confiar la gestión económica a un representante, administrador, agente o asesor no supone renunciar al derecho a recibir información completa ni elimina la obligación de rendir cuentas. Quien administra dinero ajeno no adquiere su propiedad ni puede modificar unilateralmente la remuneración que se le ha reconocido.
También demuestra la importancia de documentar cualquier cambio en las condiciones económicas de una relación profesional. Si las partes acuerdan modificar una comisión, esa alteración debe quedar acreditada de forma clara. Una supuesta autorización verbal difícilmente puede justificar durante años liquidaciones contrarias al porcentaje establecido por escrito, especialmente cuando quien las realiza es la persona que controla toda la información.
La confianza no es una autorización para apropiarse de lo ajeno ni puede utilizarse como excusa para ocultar las cuentas. Al contrario, cuanto mayor es la libertad concedida para gestionar el patrimonio de otra persona, mayor debe ser la transparencia con la que se actúe. El representante podía descontar el 20% porque eso era lo pactado; el resto no era suyo, aunque pasara primero por sus manos.
Ahora será el Tribunal Supremo, si la defensa formaliza el recurso de casación anunciado como posible, quien tenga la última palabra. Hasta entonces, la condena queda confirmada por el TSJ de Madrid: dos años de prisión por una apropiación indebida continuada nacida en el espacio donde tantas veces comienzan los conflictos patrimoniales más graves, allí donde la confianza personal hace creer que ya no es necesario comprobar las cuentas.
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