Los límites jurídicos de la captación de imagen y sonido: un estudio comparado entre España, Francia, Alemania y Reino Unido
Cada país ha desarrollado modelos distintos para delimitar el ejercicio del poder de vigilancia del Estado
(Imagen: E&J)
Los límites jurídicos de la captación de imagen y sonido: un estudio comparado entre España, Francia, Alemania y Reino Unido
Cada país ha desarrollado modelos distintos para delimitar el ejercicio del poder de vigilancia del Estado
(Imagen: E&J)
La transformación tecnológica ha revolucionado la investigación penal. Cámaras ocultas, micrófonos ambientales, drones y sistemas de tratamiento automatizado de datos permiten obtener pruebas con una eficacia impensable hace apenas unas décadas. Ese avance, sin embargo, ha intensificado la tensión entre la persecución del delito y la protección de los derechos fundamentales. El análisis comparado de España, Francia, Alemania y el Reino Unido demuestra que, aunque todos los ordenamientos europeos comparten un mismo estándar de tutela de la vida privada, han desarrollado modelos distintos para delimitar el ejercicio del poder de vigilancia del Estado.
Cuando investigar supone delimitar el poder del Estado
La autorización judicial para instalar una cámara o un micrófono ocultos puede resultar decisiva para esclarecer un delito grave. Pero esa misma medida permitirá registrar conversaciones privadas, relaciones personales e incluso aspectos de la vida cotidiana ajenos al procedimiento. La cuestión trasciende el ámbito probatorio: autorizar una diligencia de captación de imagen y sonido supone decidir hasta dónde puede penetrar el Estado en la esfera privada de un ciudadano.
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