Recurso contencioso administrativo contra resolución de la TGSS

Estimando el Recurso contencioso administrativo interpuesto por la parte demandante contra la resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra resolución, debemos acordar y acordamos anular las referidas resoluciones por no ser ajustadas a derecho. Sin expresa condena en costas.

Se ha considerado que en nuestra legislación administrativa la distinción entre actos declarativos de derechos o favorables y los que no lo son, esto es, desfavorables o de gravamen, es una distinción «relevante fundamentalmente para trazar dos regímenes jurídicos distintos de revisión, tal como se puede ver claramente en los actuales arts. 102 y siguientes de la LRJ-PAC [Ley 30/1992 ]». La consecuencia es que «todo acto de la Seguridad Social o es declarativo de derechos o no lo es. Que determinados actos de la Seguridad Social deban ser caracterizados como «actos de encuadramiento», teniendo una naturaleza constitutiva, seguramente será relevante en determinados supuestos; pero, a la hora de determinar cuál es el procedimiento (administrativo o jurisdiccional) a seguir para su revisión , lo decisivo en el orden contencioso- administrativo es si se trata de un acto declarativo de derechos o no».

Debemos partir de que lo cuestionado es la calificación jurídica de los contratos entre las relacionadas empresas y los recurrentes respecto de los que las declaraciones presentadas ante la TGSS habría sido suscritas por la partes – contratos a los que se deniega correspondan a una efectiva naturaleza laboral, siendo que estacuestión es del conocimiento de la jurisdicción social, extremo este último no controvertido.

Siendo la regla general establecida por el legislador la necesidad de que se solicite la revisión ante la Jurisdicción Social competente mediante la oportuna Demanda las excepciones establecidas han de interpretarse de forma restrictiva y comprendiendo, de una parte, mera rectificación de errores materiales, de hecho y aritméticos, que por lo tanto son directa, palmaria y manifiestamente apreciables y, de otra, la constatación, lo que comporta una precisa labor de motivación, de omisiones o inexactitudes (disyuntiva que exige igualmente una precisa determinación) que han de corresponderse a las declaraciones del beneficiario, lo que comporta igualmente una apreciación directa que no se corresponde a cuestiones precisadas de calificación que deberán, en tal caso, ser sometidas a la decisión jurisdiccional.

En suma, en el caso de autos, en que por la propia Inspección (al margen de que se excluyese la connivencia de los trabajadores) se refiere a la calificación de la actividad amparada en contratos cuya existencia no se controvierte, hemos de concluir, asimismo, que no nos encontramos ante un supuesto de constatación de inexactitudes, cuestión propiamente no motivada por la Administración al incoar el procedimiento, que ampare la revisión por la TGSS sino que debió acudirse a la interposición de la Demanda ante la jurisdicción social.”