Aumenta la inflación y los riegos para la economía española

Ayer mismo supimos que los precios andan desbocados en España. La tasa general subió un 4% interanual en septiembre frente al 3,3% en agosto. Este es el nivel más alto desde septiembre de 2008, momento en el que la quiebra de Lehman Brothers, que desató la mayor crisis financiera del siglo, estaba en su punto álgido.

La subida se explica en buena parte por el aumento del precio de la electricidad y de los combustibles. Esta afirmación se ve refrendada por el hecho de que la inflación subyacente, que no tiene en cuenta el precio de los combustibles, se quedó en el 1% interanual después de subir tres décimas con respecto al mes de agosto. Estos tres puntos de diferencia entre la inflación general y la subyacente es la mayor desde el inicio de la serie en 1986 y muestra de forma nítida qué está haciendo subir los precios.

Según un informe de Banca March, esta presión se podría mantener a lo largo de los próximos meses, dado que los factores que empujan al alza el precio de la electricidad es improbable que se moderen hasta, al menos, pasado el invierno.

El encarecimiento del coste de la vida no solo significa que nos salga más cara la cesta de la compra. El precio del alquiler, posibles negociaciones sobre subidas salariales, el incremento de las pensiones o el sueldo de los funcionarios pueden verse afectados por la subida de precios.

Los precios se han incrementado un 4% en septiembre, lo que significa el encarecimiento de la cesta de la compra. (Foto: Cretive Commons)

Pensiones ligadas al IPC

El Congreso de los Diputados discute hoy el Anteproyecto de Ley sobre Actualización, Adecuación y Modernización del Sistema de Seguridad Social. Esta norma tiene entre sus principales novedades la derogación de los factores de revalorización y de sostenibilidad aprobados por el Gobierno del Partido Popular en 2013. En definitiva, lo que se pretende es recuperar la actualización automática de las pensiones en función del IPC. Esto incluye una paga compensatoria en enero si la inflación superara lo previsto.

Según el Panel de la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas), que recoge las previsiones de los principales institutos de análisis españoles, la inflación va a continuar por encima del 3% en los próximos meses. Calcula que la tasa media anual de 2021 sea del 2,4%, cinco décimas más respecto a su anterior previsión. Esto es importante en términos de gasto público. Dado que la revalorización de las pensiones para 2021 fue el 0,9%, y que la previsión ahora es, según Funcas, del 2,4%, hay que pagar a los jubilados una paga extra compensatoria, que se liquida en febrero y que podría suponer para las arcas públicas un gasto adicional de 2.100 millones de euros.

El Partido Popular ha presentado una enmienda a la totalidad de este Anteproyecto de Ley argumentando que es contrario a lo acordado en la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo. En su opinión, los cambios en el sistema no incluyen las suficientes medidas de sostenibilidad financiera del sistema por lo que consideran que este se encamina hacia la quiebra.

El Partido Popular, presidido por Pablo Casado, ha presentado una enmienda a la totalidad a la ley sobre pensiones que quiere aprobar el Gobierno. (Foto: Partido Popular)

Sueldo de los funcionarios

Un segundo factor en el que pude influir la alta inflación es en el sueldo de los funcionarios. No hay ninguna norma que diga que el salario de los trabajadores públicos tenga que ser incrementado en consonancia con el IPC, tal como ocurre con las pensiones. Sin embargo, en los últimos años el incremento de salarios públicos y pensiones ha ido a la par.

De momento no se ha llegado a un acuerdo sobre la cuantía de la subida para los funcionarios en 2022. En el Programa de Estabilidad 2021-2024 se hace mención a que el sueldo de los funcionarios y las pensiones tiene que subir en línea con la evolución de los precios, pero se muestra muy poco preciso a la hora de aclarar este extremo.

Los sindicatos de funcionarios ya han mostrado su preocupación por lo que consideran puede ser una nueva pérdida de poder adquisitivo por parte de los trabajadores públicos. Según los cálculos de CSIF, esta pérdida de poder adquisitivo se eleva hasta el 10%.

Revisión de los salarios

El incremento de precios puede influir en la negociación de convenios. La pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores como consecuencia de la inflación ya ha puesto en alerta a los sindicatos y a las organizaciones patronales.

UGT ha advertido en un comunicado que “se está produciendo una pérdida de poder adquisitivo de las trabajadoras y trabajadores como consecuencia de la subida de los precios (en especial de la electricidad y de los alimentos y bebidas no alcohólicas) y por los bajos incrementos salariales: 1,5% en la negociación colectiva y 1,6% para el SMI en 2021, aplicable desde el 1 de septiembre”.

Partiendo de esta base, ha instado a la patronal a sentarse a negociar ya el quinto Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) para que los salarios se incrementen conforme a la realidad de los sectores económicos y de las empresas. De momento no hay respuesta de los empresarios a esta petición. No obstante, si se tiene en cuenta que aún están intentando digerir el incremento del Salario Mínimo Interprofesional, sobre el que se han manifestado en contra porque este incremento puede frenar la recuperación y la creación de empleo, no parece que los empresarios vayan a recibir con los brazos abiertos la propuesta.

El precio del alquiler se va a incrementar notablemente por la subida del IPC. (Foto: Creative Commons)

Alquileres de vivienda

La influencia del incremento del IPC en el precio de los alquileres es un factor sobre el que no se suele hablar cuando se analiza el incremento de precios, pero es importante. Depende de quién haga las estimaciones, pero hasta el 25% de la población española vive en pisos de alquiler. Los inquilinos ven revisada anualmente la renta en función de la variación del IPC.

El incremento mensual que podría experimentar el alquiler depende en buena medida de la provincia de España en la que se viva, pero puede ir desde entre 35 y 40 euros en Madrid y Barcelona, lo que colocaría el alquiler medio mensual en estas ciudades en casi 1.100 euros, hasta 14 euros mensuales en provincias como Jaén, donde el pago mensual no llega a los 400 euros.