Las medidas que introducirá la nueva ley antifraude

• Una de las más importantes es que incorpora una modificación de bases imponibles que puede traducirse en subidas de los impuestos de patrimonio.
• Además aumenta la supervisión sobre las criptomonedas y reduce los pagos en efectivo.

El primer gobierno de Pedro Sánchez impulsó en otoño de 2018 el Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Un proyecto que retomó el pasado mes de octubre y que parece que por fin llega al punto final tras una larga travesía de tramitación parlamentaria. Tras la aprobación del Senado, el proyecto será remitido al Congreso de los Diputados, con la intención de que la norma quede lista para entrar en vigor.

La mencionada ley incorpora una directiva europea de 2016 relacionada con estos aspectos y en su texto se incorporan desde un mayor control a la contabilidad B, hasta un aumento de la supervisión sobre las criptomonedas y los pagos en efectivo, entre otras cuestiones. Con esto, el Ministerio de Hacienda prevé que la recaudación aumente en 828 millones de euros anuales.

La ley aumentará el control sobre los criptoactivos y exigirá a los contribuyentes que comuniquen su posesión de monedas virtuales. (Foto: bloctrends.com).

Entre las nuevas medidas, encontramos algunas como los pactos sucesorios. En este sentido la nueva ley pretende frenar las “operaciones abusivas” que la Dirección General de Tributos ha localizado alrededor de las herencias en vida o pactos sucesorios de las que se benefician las comunidades con Derecho Civil propio, como Navarra, País Vasco, Galicia, Aragón, Baleares o Cataluña. El objetivo es no permitir que el receptor tenga dichas ventajas fiscales con respecto a los demás y evitar que el traspaso permita que se actualiza el valor de un bien en el momento de entregarlo.

La intención es que la persona que venda un inmueble tribute por las plusvalías generadas desde el momento de compra hasta su venta, algo que no ocurre con la norma vigente, ya que el receptor puede vender el inmueble al momento sin incurrir en plusvalías que le obliguen a pagar impuestos. Si bien se pretendía terminar con esto, el PSOE ha suavizado sus intenciones y la nueva enmienda mantiene las ventajas fiscales siempre que el receptor no venda el inmueble hasta cinco años después de haberlo recibido o hasta que el donante fallezca (si este hecho es anterior).

Por otro lado, uno de los puntos más importantes de la nueva ley es que incorpora una modificación de bases imponibles que puede traducirse en subidas de los impuestos de patrimonio; sucesiones y donaciones; y transmisiones patrimoniales. Así, pretende terminar con la elevada litigiosidad que incide en los valores de referencia inmobiliarios empleados en estos impuestos que anteriormente gravaban el “valor real” de las viviendas. Esta idea fue rechazada por el Tribunal Supremo, por lo que Hacienda ha tomado la decisión de establecer el uso de un nuevo valor individualizado sobre la base de todos los datos disponibles en el catastro.

Las quejas de los asesores fiscales no han tardado en llegar, pues consideran que dichos cambios aumentarán la tributación, pero Hacienda declara que el resultado será menos gravoso que el uso del valor de mercado impuesto por los tribunales.

En cuanto a los pagos en efectivo, la nueva ley reducirá el límite de estos pagos de 2.500 a 1.000 euros en las transacciones entre empresarios, aunque para los abonos efectuados por particulares dicho límite (2.500 euros) continuará vigente. Así, se pretende terminar con el fraude fiscal en aquellas transacciones de difícil rastreo al rebajar de 15.000 a 10.000 euros el límite de pago en efectivo entre particulares cuyo domicilio fiscal no se encuentre en nuestro país.

Además, la ley aumentará el control sobre los criptoactivos y exigirá a los contribuyentes que comuniquen su posesión de monedas virtuales, ya se encuentren estas en el extranjero o en España y sobre las operaciones que lleven a cabo con las mismas, especificando las adquisiciones, traspasos, transferencias, permutas, cobros y pagos efectuados con criptodivisas para aumentar el control tributario sobre estas monedas virtuales.

Otra de las medidas que incorpora esta ley es la penalización de la tenencia y producción del llamado software de doble uso, es decir, de aquellos programas informáticos que permiten amañar la contabilidad de un negocio o que este pueda tener una contabilidad en B. Junto a esto, integra puntos contra el fraude y la elusión fiscal y regula los registros domiciliarios que pueden llevar a cabo los inspectores fiscales, con la intención de terminar con la inseguridad jurídica generada por la exigencia del Tribunal Supremo de que este tipo de actuaciones se justifiquen.

Por último, junto a todas estas medidas, la nueva norma aborda temas como la prohibición de las amnistías fiscales; la ampliación del concepto de paraíso fiscal, que ahora serán considerados como “jurisdicciones no cooperativas”; y ampliará el listado público de morosos con Hacienda al reducir el umbral para formar parte de dicha lista del millón de euros actual a 600.00 euros.