La Política sigue sin llegar a un acuerdo para renovar al poder judicial

Artificio y bombo, clamor en el foro. De esta guisa se anunciaba lo que parece un favor por parte de nuestros políticos: al fin han capitulado en el enconamiento de posturas que conducían a un bloqueo institucional. La cosa tiene rango de gesta, según parece, de generosidad en la entrega a la ciudadanía de unos organismos vigorosos, por aquello de que siga funcionando la democracia.

Pero no es así. Lo cierto es que hemos estado sometidos ante el capricho e inacción de quien ostenta el poder y no quiere compartirlo. Con esto no hay bromas. El funcionamiento institucional depende del hacer de unos actores que siembran, día a día, el más descarnado distanciamiento de la ciudadanía ante nuestro entramado democrático.

No se puede depender de la buena voluntad

Cualquier sistema con vocación de futuro no puede delegar su funcionamiento a la buena obra del pastor. No puede tener cariz de logro lo que forma parte de la obligación. O, dicho de otra forma: el Estado y su democracia no pueden generar dependencias para desarrollar su actividad, y menos en actores que ya han demostrado sobradamente su irresponsabilidad.

Incluso la propia Unión Europea ha conminado a nuestro poder Legislativo a renovar finalmente el Consejo General del Poder Judicial. Y no solo eso: nos llama a una reforma de calado en la que se garantice que al menos la mitad de los miembros del Consejo sean elegidos entre la judicatura, y no queden expuestos a la designación arbitraria e interesada de los partidos políticos.

Pero muy al contrario, las reformas que se proponen, son totalmente opuestas a ese cometido garantista con la independencia judicial: la instrucción pasará a manos de la Fiscalía, el órgano más jerarquizado -y politizado- del entramado judicial; y los cambios que se proponen en el sistema de elección de los miembros del Consejo van en la línea de aumentar el quorum del Legislativo en su elección.

Si el modelo democrático español adolece de serias fallas, el futuro no es alentador, pues se formulan planteamientos que ahondan en sus problemas, en su disfuncionalidad.

¿Por qué sigue sin renovarse el CGPJ?

Porque es el órgano que realmente otorga poder a los partidos políticos, principalmente a los dos que siempre han asignado a los jueces, que de forma tácita saben que cualquier agente externo a su dinámica no será bienvenido al reparto del poder. Eso es lo troncal: el Ejecutivo es mixto y el Partido Popular recela de que Unidas Podemos afiance su influencia en instancias judiciales.

La democracia representativa, esa aspiración no consumada, contempla cómo los actores sociales involucrados en la tarea de turnar las instituciones son realmente órganos unipersonales: Teodoro García Egea y Félix Bolaños. Es decir, el deseo de una nación queda en manos del filin o capacidad negociadora de dos gerifaltes de partido.

Y la ciudadanía, desgastada y desasistida de mecanismos para fiscalizar la actividad de gobierno, asiste al descrédito, una vez más, de nuestro entramado, de nuestra instituciones, de nuestra democracia.

Félix Bolaños, ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes, y negociador del Gobierno para la renovación de los órganos esenciales (Foto: Avui)