A pares: plan de choque frente a la litigiosidad postcovid-19 y reforma radical en materia de discapacidad

• El Ministerio de Justicia ha aprobado el plan de choque para hacer frente a la alta litigiosidad postcovid-19 y una reforma radical de transformación social en materia de discapacidad

Ya a mediados del mes de mayo, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, alertaba del alud de nuevos casos que llegarían a los juzgados como consecuencia de la crisis derivada de la pandemia. En concreto, en el ámbito mercantil, se estiman que los concursos presentados aumenten un 246% este año y un 619% en 2021, es decir, pasaríamos de unos 7.000 concursos en 2019, hasta unos 50.000 el próximo año. De igual forma, los asuntos ingresados en la jurisdicción social aumentarán este año un 31%, llegando hasta un 140% en 2021, más de un millón de nuevos asuntos. Asimismo, según tales previsiones, en el ámbito civil se espera un aumento de entre el 30 y el 145% este año, con lo que el incremento de los asuntos pendientes puede situarse en el 180%; mientras que en la jurisdicción contencioso-administrativa se baraja un aumento de nuevos asuntos de entre el 35 y el 125%.

Ante tales previsiones, el departamento dirigido por el ministro Juan Carlos Campo, con la intención de recuperar la normalidad en los órganos judiciales y aportar mecanismos, recursos y soluciones a las necesidades inmediatas de la Justicia, responde con una dotación económica de más de 50 millones de euros.

Durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Campo detallaba las medidas contenidas en el plan que se desplegará a lo largo de dos fases en los órdenes de lo social, mercantil y contencioso-administrativo y que afectará a un total de 315 juzgados. En concreto, en la primera fase (entre el 1 de septiembre y 31 de diciembre de 2020) la intervención tendrá lugar en los juzgados con mayor carga de trabajo. Después, en la segunda fase, (con fecha de inicio de 1 de enero de 2021) se dispondrá de información más completa respecto al volumen de demandas presentadas y su tiempo de resolución, lo que permitirá definir la extensión de las medidas a aplicar para su desarrollo posterior.

Retribución extraordinaria y refuerzos externos

Asimismo, se prevén medidas de “autorrefuerzo” en aquellos partidos judiciales con un volumen de trabajo superior al 130% del módulo de entrada determinado por el CGPJ. Por ello, aquella participación extra del personal de los juzgados en estos programas de actuación por objetivos, se reconocerá con una retribución extraordinaria.

Para el caso de aquellos órganos judiciales que asuman un volumen de trabajo superior al doble del módulo de entrada fijado por el CGPJ, así como para aquellos otros que, sin superarlo, presenten cifras de causas pendientes elevadas, se prevé el despliegue y la intervención de refuerzos externos.

Por último, también se contemplan nuevas medidas estructurales como es la creación de 21 nuevos órganos judiciales para absorber y minimizar el impacto del incremento de procedimientos.

En su intervención Campo advertía de que se trata de un plan de actuaciones por objetivos sobre las que habrá un seguimiento constante y que permitirá la posibilidad de cambiar y acelerar respuestas a los distintos escenarios que puedan darse en los juzgados en esta etapa postcovid.

Reforma procesal y civil en materia de discapacidad

En relación a la reforma procesal y civil en materia de discapacidad que ha dado luz verde el Gobierno, el ministro sevillano señalaba que se está actuando de manera contundente para conseguir que la toma de decisiones de las personas con discapacidad sea fruto de su voluntad y preferencias, y no sean sustituidas en la toma de decisiones de lo que les afecta. “Es una norma que implanta un cambio de paradigma”, ha apostillado.

Esta reforma supone un cambio relevante de terminología, relegando los términos de “incapacidad” e “incapacitación” por otros más precisos y respetuosos, en línea con la reiterada posición ministerial de la importancia que tiene el lenguaje en el ámbito jurídico, fruto quizás de la nueva línea de colaboración iniciada de la mano de la Real Academia Española (RAE), como así informábamos, en este mismo medio, a finales del mes pasado.

El núcleo principal del proyecto es la regulación de las medidas de apoyo que precisen las personas mayores de edad o emancipadas, para que puedan desarrollar plenamente su personalidad y desenvolverse jurídicamente en condiciones de igualdad. Deben ajustarse a los principios de necesidad y proporcionalidad y atender a la voluntad, deseos y preferencias de la persona que requiera la medida. En definitiva, la nueva ley persigue que las personas con discapacidad puedan ejercer su capacidad jurídica en el futuro de una forma mucho más autónoma y con menos tutelaje.

Aportación del CERMI

Campo Moreno también agradecía la aportación a la Ley por parte de colectivos como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y espera que la tramitación parlamentaria de la Ley se haga de la manera más rápida posible, bajo el paraguas del mayor consenso político, ya que es una reforma “ideológicamente transversal, deriva de exigencias de derechos humanos, no partidista, que puede y debe ser compartida por todo el arco parlamentario”.

Por ello, CERMI, que lleva colaborando con el Ministerio de Justicia en la elaboración de este texto desde el año 2014, considera esta reforma como “muy positiva y conveniente”, pues supone “un avance notable del Derecho privado español para adecuarse a los principios, valores y mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en concreto, de su artículo 12, sobre igual capacidad legal de las personas con discapacidad”.

Por último, el ministro, que mencionaba los distintos impulsos normativos por parte del Gobierno progresista, aseguraba que es una Ley que “nos afecta como sociedad y de la que tenemos que sentirnos orgullosos porque nos permite ser más iguales”.