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Derecho Administrativo

Actualización de las sanciones impuestas durante el estado de alarma



¿Se dieron circunstancias injustas (en ocasiones, ilegales) durante el pasado confinamiento? ¿Se cometieron excesos por parte las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a raíz de la declaración del estado de alarma? ¿En qué momento procesal están las sanciones que en su día se recurrieron? ¿Qué provincia registró más multas por cada 1.000 habitantes? ¿Y la que menos?

Navarra pionera en avalar el procedimiento sancionador

Según avanzó el pasado viernes 25 de septiembre el departamento de comunicación del Poder Judicial, las dos primeras sentencias dictadas por sanciones impuestas durante el estado de alarma en Navarra a consecuencia de la pandemia derivada de la COVID-19, constatan que los jueces van a analizar caso por caso las “particulares circunstancias concurrentes”.



Así, en uno de los supuestos se ha estimado el recurso de un ciudadano que fue multado por encontrarse paseando a su perro a más de un kilómetro de su domicilio, extremo que no fue acreditado; y, en el otro asunto, se ha mantenido la sanción a un hombre que daba un paseo sin causa justificada. Las dos resoluciones judiciales son firmes.

Los dos magistrados, en sus respectivas sentencias, avalan el procedimiento sancionador, rechazan las solicitudes de nulidad y exponen que las conductas anteriormente citadas eran contrarias a lo dispuesto en el Real Decreto por el que se declaraba el estado de alarma, además de suponer “desobediencia a la autoridad”.

Sanción archivada en pro del derecho a la libertad religiosa

En la mañana de hoy la Asociación Española de Abogados Cristianos ha informado que la Delegación del Gobierno de Madrid ha archivado la primera de las sanciones impuestas a un particular por ejercer su derecho a la libertad religiosa durante la pandemia.

El procedimiento sancionador, iniciado en abril en Parla (Madrid), tuvo su causa en la identificación de un particular que acudía a su parroquia para asistir a la eucaristía. La Asociación Española de Abogados Cristianos recurrió la sanción en su nombre al entender que ninguna administración tiene competencias para limitar un derecho fundamental como es el derecho a la libertad religiosa. Su presidente, Polonia Castellanos, asegura que “con este archivo, el gobierno está reconociendo que las administraciones no están legitimadas para ello”.

Anuncia que “Abogados Cristianos llevará a las más altas instancias, incluso supranacionales si fuera necesario, toda intromisión de las administraciones en el derecho al ejercicio de la libertad religiosa”. Y recuerda el caso de Castilla y León “donde la Junta ha limitado a 25 personas el aforo en celebraciones religiosas, sin tener en cuenta el aforo del templo, prohibiendo de facto a muchas personas acudir a misa”.

Almería líder: 36 multas por cada 1.000 habitantes

Durante el transcurso del estado de alarma, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado detuvieron a un total de 9.173 personas y propusieron 1.142.127 sanciones por incumplir las restricciones que permanecían vigentes en ese momento.

Pues bien, según se recoge en la respuesta parlamentaria al senador socialista Miguel Ángel Heredia, en la provincia andaluza de Almería, desde el 14 de marzo hasta el 19 de junio, 36 de cada 1.000 habitantes fueron multados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por saltarse de una u otra forma las restricciones del estado de alarma, la tasa más alta de todo el país. Esta última solo seguida de Alicante un punto por debajo y donde han sido sancionados 36 de cada 1.000 vecinos. Completa el ‘top 3’ la provincia de Valencia con una tasa de 33 de cada 1.000 habitantes.

Asimismo, los singulares enclaves de Ceuta y Melilla han sido las dos ciudades autónomas que más multas han sumado en proporción a su población. Ceuta, lidera el ranking nacional con una tasa de 112 seguida de Melilla con un 48.5.

El contraste lo situamos en el País Vasco, en concreto en la provincia de Vizcaya, que siendo la novena provincia en número de habitantes, fue la que presentó una menor tasa de sanciones con poco más de 9.000 multas para el millón de ciudadanos. A aquella acompañan por la parte baja, dos provincias gallegas, Pontevedra y La Coruña, con un porcentaje también muy bajo de sanciones en proporción a su población.

Por último, en números absolutos, la Comunidad de Madrid fue la comunidad autónoma con el mayor número de detenciones (1.484) y de sancionados (184.517).

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