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Noticias Jurídicas

Art. 324 LECrim: Últimos pasos para ampliar los plazos de instrucción penal



  • Como era de esperar y así informábamos a través de este mismo medio el pasado 27 de junio, la Comisión de Justicia del Senado ha dado este jueves luz verde a la reforma del art. 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), para ampliar hasta 12 meses el plazo máximo para las instrucciones de las causas penales

Como es sabido, con la reforma de 2015, la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, introdujo en su artículo único, apartado 6, una modificación del art. 324 de la LECrim, limitando la duración de la fase de instrucción de los procesos, al establecer un plazo general de seis meses y uno especial de dieciocho meses para las investigaciones expresamente declaradas complejas.

Con tal limitación temporal de la instrucción judicial se pretendía, “superar el inoperante plazo de un mes anteriormente previsto, que en la práctica nunca se respetaba, sustituyéndolo por plazos más realistas derivados, según se dice, de estudios estadísticos judiciales y fiscales, que en la práctica conducen a una mayor inseguridad jurídica y abren indeseables espacios de impunidad”. También con aquella modificación acometida en 2015, se contemplaban medidas de sencilla implantación que permitiesen “evitar dilaciones innecesarias” y merma alguna en los derechos de las partes.

Quizás, con motivo de la infradotación de medios materiales y personales de la mayoría de los Juzgados encargados de la instrucción en todo el territorio nacional, esta reforma de 2015 resultó (y resulta) ineficaz e insuficiente, sobre todo, en instrucciones complejas (delitos patrimoniales, de defraudación, corrupción, criminalidad organizada, etc.). Tras una primera propuesta que planteaba la derogación del plazo máximo de instrucción, la nueva redacción del art 324 de la LECrim impulsada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, establece que la investigación judicial se desarrollará en un plazo máximo de doce meses desde la incoación de la causa. Si con anterioridad a la finalización del plazo, se constata que no es posible finalizar la investigación, el juez, de oficio o a instancia de parte, podrá acordar prórrogas sucesivas por períodos iguales o inferiores a seis meses.





Asimismo, la novedosa redacción del artículo introduce que las diligencias de investigación acordadas con anterioridad al transcurso del plazo o de sus prórrogas serán válidas, aunque se reciban tras la expiración del mismo. Y de igual manera, se apunta, que si antes de la finalización del plazo o de alguna de sus prórrogas, el instructor no hubiera dictado la resolución de la investigación judicial, o bien ésta fuera revocada por vía de recurso, no serán válidas las diligencias acordadas a partir de dicha fecha.





Esta modificación también incluye que el juez concluirá la instrucción cuando entienda que ha cumplido su finalidad. Transcurrido el plazo máximo o sus prórrogas, el instructor dictará auto de conclusión del sumario o la resolución que proceda.

18 votos a favor, 4 en contra y ninguna abstención

La Comisión de Justicia del Senado ha dado el visto bueno al texto de la ponencia de la Proposición de Ley de reforma del art. 324 de la LECrim para su posterior debate y aprobación por el Pleno de la Cámara, previsiblemente el de la semana que viene.

Por su parte, el senador del Partido Popular, Fernando de la Rosa Torner, criticaba que la modificación adolece de “oportunidad y técnica jurídica” y acusaba al Gobierno de tener una “motivación política”. En la misma línea, y tras tildar la reforma de “muy precipitada”, el senador advertía sobre la “virtualidad” de la nueva redacción del art. 324 de la LECrim, ya que el propio ministro de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno, tiene la manifestada intención de presentar, antes “de finales de año”, un anteproyecto de ley para reformar la LECrim.

En cambio, Tontxu Rodríguez Esquerdo, secretario general de los socialistas en la Cámara Alta y miembro de la Comisión de Justicia, ha defendido que la nueva redacción se ha acometido “al margen de ideología”, consiguiendo “equilibrar la investigación y el derecho del investigado” y evitando “el cierre en falso de los procesos”.

El resto de grupos parlamentarios, salvo VOX –que también se ha mostrado en contra de la modificación legal–, han hecho una defensa de la “necesidad” de esta reforma y han coincidido con el PSOE en que el límite temporal aún vigente ha generado “impunidad” y que “establecer ciertos límites a la duración de la instrucción supone una garantía para el derecho de los justiciables”.