Detenido un magistrado del Tribunal Constitucional por un presunto delito de violencia de género

En la mañana de hoy, la Guardia Civil ha detenido en Madrid al magistrado del Tribunal Constitucional, Fernando Valdés Dal-Ré, tras ser denunciado por una fuerte discusión con su mujer por un presunto incidente de violencia de género.

A propuesta del PSOE, Valdés Dal-Ré, fue elegido por el Congreso de los Diputados el 23 de julio de 2012. Catedrático de Derecho del Trabajo, es uno de los cuatro miembros del Tribunal Constitucional que debería haber sido renovado hace un año, cuando finalizó su mandato.

El mismo, según ha informado El Español, esta misma mañana ha sido puesto a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, por una denuncia interpuesta por sus vecinos del domicilio de Majadahonda (Madrid), acordándose la puesta en libertad a primera hora de este mediodía.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid han informado de que la jueza que ha asumido el caso ha valorado la edad (75 años) y condiciones de salud del magistrado como circunstancias que han aconsejado su libertad, aunque sigue con cargos. El Juzgado valorará en las próximas horas la remisión del asunto al Tribunal Supremo, dado que, por su cargo de miembro del Tribunal Constitucional, tiene fuero ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Tal es la excepcionalidad de la circunstancia, que según informa el mismo medio citado, el Presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, ha interrumpido sus vacaciones.

Garantía del aforamiento

A pesar de lo previsto en el art. 14 de nuestra Carta Magna, “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”, Valdés Dal-Ré es uno de los miles de españoles “que por su dignidad, rango o profesión goza de algún fuero o privilegio en materia de jurisdicción”.

En concreto, nada más y nada menos que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo será la encargada de conocer, según el art. 57 de Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, de la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra, entre muchos otros, los Magistrados del Tribunal Constitucional.