El Ministerio de Justicia salda su deuda con los abogados del turno de oficio

Los abogados del turno de oficio han recibido hoy una buena noticia. El Ministerio de Justicia ha transferido al Consejo General de la Abogacía (CGAE) 6,6 millones de euros correspondientes al turno de oficio de los meses de mayo y junio en el denominado territorio común. El Consejo ha informado que va a remitir los fondos a los diferentes colegios de forma inmediata y éstos a su vez harán el abono a los colegiados.

Según informa el CGAE, con este pago se ponen al día los abonos adeudados por el Ministerio de Justicia en cumplimiento del nuevo Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita aprobado el año pasado, que establece el pago mensual de las asistencias realizadas a través de este servicio público que prestan los colegios de la abogacía pero deben financiar las administraciones públicas con competencias.

El Consejo General ha mostrado al Ministerio de Justicia su deseo de que esta regularización de los pagos sirva para sentar las bases que eviten retrasos del pago mensual en el futuro. Los retrasos en el pago de los honorarios de los abogados del turno de oficio tanto por parte del Gobierno de España como de algunas comunidades autónomas con competencias en Justicia es uno de los principales motivos de queja del sector, que tradicionalmente ha visto cómo se acumulaba la deuda de las administraciones públicas con los letrados.

Sede del Consejo General de la Abogacía. (Foto: CGA)

Retraso en los pagos

La aprobación el año pasado del nuevo Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita dio respuesta a una de las principales reivindicaciones de la abogacía, al garantizar el pago mensual a los abogados del turno de oficio. Sin embargo, muchas administraciones, empezando por el Ministerio, incurren en reiterados retrasos que motivan la indignación de la abogacía y en especial de los 23 colegios pertenecientes a comunidades que no tienen transferidas las competencias de Justicia (Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura, Baleares, Ceuta y Melilla) y cuyo cobro depende del Departamento que dirige Pilar Llop.

Estos retrasos han provocado situaciones dramáticas, como la que denunciaba el pasado mes de junio la Asociación de Abogados del Turno de Oficio de Jaén, según la cual los letrados del turno de oficio llevaban cinco meses sin cobrar. Esta situación llevó incluso al Colegio de Abogados de Sevilla a adelantar el pago de sus colegiados a la espera de que la Junta de Andalucía cancelara la deuda que tenía con los letrados.

La sensación de hartazgo de este colectivo quedó muy patente el pasado 12 de julio día fecha en la que se celebra el Día de la Justicia Gratuita. En todas las autonomías que no tienen transferidas las competencias de Justicia se sucedieron las concentraciones bajo el lema “La Abogacía cumple, el Ministerio no”. Estas protestas se vieron apoyadas por el Consejo General de la Abogacía, cuyo pleno se concentró en la puerta de su sede.

A priori, el hecho de que, a pesar del retraso que acumulaba este año, el Ministerio se haya puesto al día en el pago a los abogados de oficio, podría interpretarse como una buena señal. Habrá que ver el nivel de cumplimiento del Reglamento de Justicia Gratuita en los próximos meses. En cualquier caso, y aun cuando esta es una cuestión muy importante, esta no es la única reivindicación de este colectivo, compuesto por 43.696 abogados que solo el año pasado atendieron casi dos millones de asuntos de justicia gratuita.

Protesta de abogados del turno de oficio en Palencia. (Foto: CGAE)

Diferencia retributiva entre CCAA

Uno de los elementos que provocan más indignación es la diferencia retributiva entre los letrados de oficio del territorio común y los abogados de las comunidades autónomas con competencias en Justicia. En este sentido, por ejemplo, en 2021 el País Vasco fue la comunidad que mejor pagó a los abogados de oficio, con 311,3 euros de media por asunto, mientras que los abogados de Castilla y León (dependiente del Ministerio) cobraron 158 euros y Andalucía, la que peor retribuyó, pagó 106,4 euros.

Esta situación se debe a que cada comunidad establece sus baremos y actualiza las cantidades de forma discrecional, sin que haya una coordinación esencial por parte del Ministerio de Justicia que, por cierto, tampoco paga lo mismo a los abogados de todas las autonomías del territorio común.

Otra de las reivindicaciones de los letrados del turno de oficio es la actualización de baremo, y no solo para que el servicio esté “digna y suficientemente remunerado”, como prevé la Ley, sino para que se amplíen las actuaciones letradas cubiertas por la asistencia jurídica gratuita. Decanos de diferentes Colegios de toda España dejaron muy clara esta petición el pasado mes de enero en el Congreso de los Diputados, en el marco de una reunión con representantes de los grupos parlamentarios sobre la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

En este encuentro, Jose María Alonso, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, recordó que “desde el mismo momento en que un juez requiere la intervención de un abogado al colegio el abogado tiene derecho a ser compensado, deben generarse automáticamente sus honorarios”. Y es que hay una serie de casos en los que la asistencia letrada es preceptiva y, sin embargo, no están cubiertos por la asistencia jurídica gratuita, como la asistencia a personas jurídicas en procedimientos penales, los macrojuicios o las reclamaciones previas vía administrativa.

Asimismo, los abogados reclaman el pago del trabajo realizado por el letrado en el caso de que se deniegue posteriormente el beneficio de la justicia gratuita. En el último Observatorio de la Justicia Gratuita, el comité de expertos sostiene que “el trabajo de los abogados/as debe ser debidamente remunerado, como lo es el de otros profesionales que prestan servicios públicos a la ciudadanía, con independencia del reconocimiento o no de la Asistencia Jurídica Gratuita, remuneración que debe actualizarse de forma periódica”. Además, asegura que la administración debe pagar los servicios y, en su caso, repercutir el coste al ciudadano que no acredite su carencia de circunstancias económicas.