La falta de medios de la justicia española no justifica retrasos indebidos

En la sentencia adoptada el pasado 10 de octubre por el Tribunal Constitucional (TC) se reconoce que un sistema judicial eficiente tiene que gestionar su carga de trabajo y los retrasos, aunque no sean imputables al órgano judicial. Los consumidores se merecen obtener la resolución de su litigio en tiempos razonables o se incurrirá en una vulneración de derechos.

Este fallo ha supuesto la alegría de muchos afectados que se han visto en los últimos meses afectados por la falta de un sistema judicial eficaz capaz de emitir decisiones rápidas. Entre los beneficiaros se encuentra el despacho de Abogados Arriaga Asociados, el cual asegura que actualmente tiene muchos clientes perjudicados por la excesiva duración de los procedimientos.

Según datos estadísticos del despacho, el plazo de resolución medio de los Juzgados especializados para emitir un fallo es de 31,8 meses, con un rango máximo de 60 meses. Un lapso que supera en algo menos de cuatro veces la duración media en la jurisdicción civil (8,2 meses). Siendo la principal causa de este retraso la falta de medios por parte de la justicia.

De hecho, el volumen de la plantilla judicial se ha mantenido estable a lo largo del tiempo. Por lo que, la solución para este problema no son las normas procesales que pretende adoptar el actual gobierno. La solución a la lentitud de la justicia es la contratación de más personal judicial, más jueces y la apertura de más tribunales.

Esta sentencia del TC se pronuncia sobre un caso en materia laboral en el que el recurrente tuvo que esperar más de tres años para un juicio, estando en la línea de la queja presentada por Arriaga el pasado 11 de mayo ante el Consejo General del Poder Judicial y la solicitud de amparo presentada ante el Defensor del Pueblo para señalar la ineficiencia del Juzgado 101 Bis de Madrid debido a su falta de recursos. Una situación sobre la que el Defensor del Pueblo emitió una serie de recomendaciones a la Comunidad de Madrid y al Estado para que se remitiese.

Pero el problema no afecta únicamente en el ámbito civil sino de manera generalizada. Por ejemplo, en lo laboral, la media suele estar en unos dos años. En muchas ocasiones, esto genera ansiedad y preocupación a los litigantes que deben estar en una situación de incertidumbre sobre su vida, su renta o su situación. Otras muchas veces se producen retrasos en cuestiones que implican una pensión de supervivencia para el demandante o, en el ámbito penal, que conlleva una prisión preventiva excesiva para personas que más adelante son declaradas inocentes.

(Foto: Archivo)

España es uno de los países con la justicia más lenta

 El informe “The 2022 EU Justice Scoreboard” revela que la duración de los procedimientos judiciales civiles en España está por encima de la media europea. Los datos publicados en el informe señalan que la tasa de resolución de los órganos jurisdiccionales es algo inferior al 100%, es decir, no es capaz de hacer frente a lo que reciben. Además, los Tribunales civiles tienen un stock de litigios que aún deben tramitarse superior a la mayoría de los Estados Miembros, que ha aumentado respecto al 2019.

Arriaga ha puesto en marcha una serie de acciones procesales para denunciar la vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones y a la tutela judicial efectiva en los litigios que superan los tiempos medios de resolución y va a exigir que el acceso a una justicia eficiente sea un derecho de los consumidores.

La duración de los litigios es clave en el proceso de acceso a la Justicia. Se estima que el tiempo necesario para resolver asuntos de cláusulas abusivas de las hipotecas supera los tiempos medios de duración de asuntos civiles equivalentes (8,2 meses), habiendo consumidores que después de cuatro años no tienen su demanda admitida a trámite. Mientras que otros, tienen señalado su juicio para el 2026, a siete años vista respecto a la presentación de la demanda.

“Desde Arriaga Asociados queremos reivindicar la gran dedicación y profesionalidad de los jueces españoles y funcionarios de los juzgados que no tiene nada que ver con la dilación crónica de la justicia española sino consu lamentable sobrecarga de trabajo a consecuencia de la falta de medios materiales y personales. Por ello pedimos de forma insistente a las administraciones implicadas que remedien esta situación que afecta dramáticamente a todos los profesionales de la justicia y a todos los consumidores”, señala Jesús Arriaga, socio director del despacho.