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Ana Gómez, presidenta de ASNALA: “Las políticas de «compliance» ayudan a las empresas a cumplir con sus obligaciones legales”

Hoy jueves arranca en Valencia el XXII Congreso de esta asociación, con cerca de 400 expertos inscritos

Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas. (Foto: ASNALA)

Luisja Sánchez

Periodista jurídico




Tiempo de lectura: 7 min



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Ana Gómez, presidenta de ASNALA: “Las políticas de «compliance» ayudan a las empresas a cumplir con sus obligaciones legales”

Hoy jueves arranca en Valencia el XXII Congreso de esta asociación, con cerca de 400 expertos inscritos

Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas. (Foto: ASNALA)



Durante tres días, la Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA) entidad referente del sector, analizará en Valencia la problemática actual de las relaciones laborales, en un evento que celebra el XXV aniversario de esta asociación abordando las cuestiones de mayor actualidad.

El análisis de la jurisprudencia reciente de la Sala Social del Tribunal Supremo; la problemática del teletrabajo y su desconexión digital o los quebraderos de cabeza que generan a las empresas los contratos fijos discontinuos, que ya abordó Economist & Jurist  en otro reportaje, serán algunos de los temas de esta apretada agenda.



Ana Gómez, socia del área laboral de Ceca Magán Abogados, es la presidenta actual de ASNALA, una entidad que contó con predecesores de la talla de Jose Luis Roales y Martín Godino.

En este contexto, el desarrollo de ASNALA como entidad ha sido notable. Creada en 1997, la entidad comparte espacio asociativo con otra entidad FORELAB, más centrada en los grades despachos.



“Nuestra expansión es evidente como lo demuestran los 800 socios existentes, de los cuales más de un tercio tienen un perfil joven que se han integrado en nuestra institución”, comenta su presidenta.

En su segundo mandato esta abogada ha logrado rejuvenecer la asociación, como entidad plural, y profesionalizarla con una estructura interna que le ayuda a enfrentarse a nuevos retos.

Desde aquí la asociación ha fomentado la comunicación interna e incrementado las relaciones con su entorno y resto de operadores jurídicos, cerrando distintas alianzas estratégicas.

La actual junta directiva, que tiene una paridad entre hombres y mujeres, está compuesta, además de Gómez, como presidenta, por Cinta Vivancos, socia directora de Vivancos & Domínguez Abogados, como vicepresidenta; Valentín García, socio de Cuatrecasas, como vicepresidente; Pilar Cascón, responsable de laboral de Estudio Jurídico Almagro, como secretaria general.

Junta directiva de ASNALA. En el centro, agachada, Ana Gómez; detrás de ella, Martín Godino, socio director de Sagardoy y presidente honorario. (Foto: ASNALA)

Como vocales, ASNALA cuenta con María José Ramo, socia de Garrigues; Jose Ramón Fernández, Jefe del Área Contencioso Laboral de ADIF;  Pere Vidal, abogado de Augusta Abogados; Jesus Lahera, Doctor en Derecho y Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Complutense de Madrid;  Concepción González, Graduada Social de Advice Servicios Jurídicos; Juan Manuel Ortiz, consultor jurídico de Iurislab; Alberto Novoa, socio de Ceca Magán Abogados y Alicia Moro, asociada senior de Sagardoy Abogados.

En este cuarto de siglo, el papel de los expertos en relaciones laborales, abogados, graduados sociales, abogados de empresa o de sindicatos ha sido clave en un entorno que ha sufrido dos reformas laborales; la primera del 2012 y la más reciente a finales del pasado año. “Eso ha hecho que el papel de los abogados laboralistas sea mas importante que nunca”, aclara Gómez.

Desde su punto de vista, “el papel de los laboralistas siempre ha sido relevante. No podemos olvidar que el derecho laboral es una pieza troncal de la sociedad porque va de la mano del empleo; en el marco de la economía. Cada Gobierno que hemos tenido ha impulsado reformas legislativas de calado que hemos trasladado a las empresas y profesionales su importancia”.

La pandemia, como prueba de fuego

Para esta jurista, “no cabe duda de que la pandemia generada por el Covid-19 puso a prueba a nuestro colectivo profesional, en un momento complicado para ejercer tu trabajo y en donde los Decretos Leyes se sucedían casi a diario. Ha sido el momento más exigente para los expertos en derecho laboral y a ser sinceros hemos respondido con creces”.

Esta jurista recuerda la cascada legislativa de normativa en estos años del Covid-19 y como los juzgados de lo social han tratado con sus sentencias de aclarar muchos aspectos que no estaban claros. “Era una normativa nueva que teníamos que aplicar al día siguiente”, recuerda

Gómez recuerda que “en aquellos días de la pandemia sacábamos información puntual de lo que iba sucediendo para que todo el mundo pudiera informarse lo mejor posible. Fue un esfuerzo importante el que hicimos desde ASNALA”.

“La crisis energética y la recesión que se avecina nos obliga a los profesionales de las relaciones laborales a un asesoramiento más detallado”

En la actualidad, reconoce que “la crisis energética y la recesión que se avecina nos obliga a los profesionales de las relaciones laborales a un asesoramiento más detallado, empresa por empresa, para tratar de adaptar su negocio al nuevo marco que se avecina. Implantar políticas de compliance laboral ayudan a responder a todas estas obligaciones legales que surgen”.

Para la letrada, el papel de los jueces de lo social, en general y de la Sala Social del Tribunal Supremo, ahora en cuadro, tras las jubilaciones de su presidenta María Luisa Segoviano y del magistrado Ricardo Bodas, está siendo clave para entender la legislación aprobada y en algunos de los casos esos pronunciamientos han generado cambios legislativos importantes.

La jueza María Luisa Segoviano, primera mujer presidenta de Sala del Supremo. (Foto: TVE)

Respecto a la situación de la Sala Social, “que la renovación del CGPJ esté bloqueada impide que se nombren nuevos magistrados en esta Sala. Ahora con la jubilación de Segoviano, que será ponente de este Congreso en el último día para hablar de Derechos Fundamentales y Bodas, la Sala tiene una cantidad de asuntos pendientes por resolver importante y eso afecta tanto a empresas como a trabajadores”, recuerda la socia del área laboral de Ceca Magán Abogados.

Ana Gómez cree que es fundamental que se resuelva esta problemática del CGPJ que afecta a todas las jurisdicciones. “Es importante que se llegue a un acuerdo para que la propia Sala Social vuelva a tener los magistrados suficientes para realizar su trabajo. Hasta el momento su trabajo ha sido clave para impulsar algunas reformas legislativas en el orden social”, añade.

De esta forma, esta experta recuerda que “han cumplido con creces su papel de interpretar la normativa que se iba aprobando en nuestro país, así como la jurisprudencia del TJUE. En estos últimos cinco años el papel de la Sala Social ha sido clave para entender el alcance de los cambios normativos”.

Asimismo, nuestra interlocutora destaca que “sentencias como la eliminación del contrato de obra y servicio (STS 1137/2020, de 29 de diciembre), de la que fue ponente la magistrada Lourdes Arastey, hoy en el TJUE, dio pie a que el Gobierno reformara y produjera el cambio normativo que se incluyó en la última reforma laboral”.

Jueces de lo social, claves

A todos los niveles, el papel de los jueces de lo social está siendo clave para aclarar las zonas grises de mucha de nuestra normativa. “Nuestros jueces interpretan y ejecutan la ley. Han ayudado mucho a aclarar diferentes conceptos y obligaciones legales que se han ido introduciendo en nuestro ordenamiento”.

A este respecto, fue la sentencia de septiembre del 2020 de la Sala Social del Supremo que destacaba la laboralidad de un trabajador de Glovo, la base sobre la que el Gobierno se apoyó para aprobar la ‘Ley Riders’ que regula los trabajadores de reparto a domicilio.

Gómez también recuerda el papel de la Sala Social “en el registro de jornada horario fue clave su cometido para que se aprobase en nuestro país el Real Decreto Ley 8/2019, de 8 de marzo, que modificó el art. 34.9 del Estatuto de los Trabajadores, obligando a todas las empresas a registrar diariamente el horario de trabajo de sus empleados”.

Más actual ha sido el pronunciamiento de esta Sala Social sobre el “prohibido despedir” que el Gobierno lanzó en los meses del Covid-19 como consigna. “El Alto Tribunal ha tumbado esa doctrina que rigió durante la primera parte de la pandemia y que limitaba a las empresas cesar a sus empleados alegando los efectos del Covid-19 sobre sus cuentas”.

El evento contará con la ponencia del expresidente del Tribunal Constitucional, Francisco de los Cobos

A su juicio, “los magistrados del TS han interpretado la ley y consideran que los ceses no podían ser declarados automáticamente nulos y avala que las compañías cesaran a sus trabajadores si estaban dispuestos a asumir el coste de las indemnizaciones por improcedencia”.

Gómez nos aclara también que el evento contará con la ponencia del expresidente del Tribunal Constitucional, Francisco de los Cobos. “Él explicará una de las últimas sentencias que admite el recurso de amparo formulado por una empresa al invalidarse el uso de la videocámara frente a un trabajador. Al final todos estos fallos generan seguridad jurídica en nuestro país”.

Dos reformas laborales de calado

Otra cuestión que destaca esta jurista son las dos reformas laborales que se han producido en nuestro país en los últimos años. “Esto ha hecho que hayamos tenido que explicar a las empresas el alcance de estos cambios normativos que han sido de calado. Ahora, por ejemplo, las dudas que existen sobre los contratos fijos discontinuos son importantes”.

Junto con esta problemática, esta experta es consciente que se ha abierto un debate en nuestra sociedad sobre el pacto de rentas. “No es fácil que los salarios se equiparen a la inflación. Los temas colectivos siempre tienen una importancia en el derecho laboral, así como los de cumplimiento como políticas de igualdad son otras cuestiones que tienen que afrontar las empresas”.

Intervención de Ana Gómez, en el congreso celebrado el pasado año en Granada. (Foto: ASNALA)

En este contexto, el papel de la inspección de trabajo y seguridad social, pese a los problemas que sufre este colectivo, abrumado por las obligaciones legales que tiene que atender, está siendo cada vez más importante. “Su labor es clave para la supervisión de muchas cuestiones. Son agentes de vigilancia normativa que junto con su capacidad sancionadora hacen una labor notable a nivel de adoctrinamiento de las empresas”.

Gestionar un requerimiento de la inspección no es fácil. “Nuestro papel es el de asesorar a la empresa en esas circunstancias para minimizar las sanciones que puedan sufrir. En este S. XXII, este colectivo, que tiene ya una tradición centenaria como entidad, tendrá una ponencia para explicar cómo funcionan y qué tipo de asuntos le dan prioridad a la hora de requerir y sancionar”.

Para Ana Gómez, “con las obligaciones legales laborales que existen, las empresas no pueden dejarlas a la improvisación y deben buscar el mejor asesoramiento legal en este tipo de asuntos. Está en juego su reputación y las multas se han incrementado notablemente. Un abogado laboralista es tan importante como contar con un fiscalista o asesores”.

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