Moncloa espera que el fiscal general reoriente el informe de la Junta de Fiscales que pide investigar a Puigdemont

Frente a las últimas declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no vinculaban el independentismo con el terrorismo, doce de quince fiscales de la Sala Penal tras la Junta de Fiscales celebrada este martes en Madrid sí lo advierten. Además, once de ellos se muestran partidarios de juzgar a Puigdemont por delitos de terrorismo.

La mayoría de la junta de fiscales de la sección penal del Tribunal Supremo (TS) sigue los criterios del juez García-Castellón, pese al informe elaborado por su compañero Álvaro Redondo, que se oponía a que el Supremo investigara al expresidente catalán Carles Puigdemont por terrorismo. El criterio de la mayoría se ha impuesto provocando un vuelco en la postura de la Fiscalía.

Sin embargo, desde Moncloa expresan su respeto a esta decisión del Supremo, pero recuerdan que no es la definitiva porque consideran que esta Junta de Fiscales es más un órgano consultivo que otra cosa.

«De acuerdo con los estatutos orgánicos del Ministerio Fiscal, la decisión definitiva habrá de adoptarse por los órganos que establezca esta normativa. Nuestro respeto a estos criterios jurídicos de la Junta de Fiscales al igual que respetaremos la decisión final que adopte el Ministerio Fiscal y los tribunales de nuestro país», ha manifestado su portavoz, Pilar Alegría.

La decisión de la Junta de Fiscales llega en un momento clave para la negociación de la ley de amnistía. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado en los últimos días varios mensajes dirigidos veladamente al juez instructor de la causa, Manuel García Castellón, así como al propio Puigdemont. «El independentismo no es terrorismo», ha destacado.

En otro momento, Sánchez también ha aludido como medida de gracia a los independentistas el de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEcrim) y su artículo 324 para acortar los plazos de investigación y que esas prórrogas de instrucciones fueran pedidas por el Ministerio fiscal, una medida polémica que recientemente fue analizada en Economist & Jurist.

Los fiscales tumban así el informe y abogan por investigar a Puigdemont por terrorismo por su presunta implicación en los disturbios desatados por ‘Tsunami Democràtic’ en 2019 en señal de protesta por la sentencia del procés.

En la Fiscalía General tuvo lugar la reunión de la Junta de Fiscales de lo penal del Supremo. (Imagen: Fiscalía General del Estado)

La junta de la sección penal de la Fiscalía del Supremo estuvo presidida por Fidel Cadena —uno de los fiscales del juicio del Procés que mantuvo hasta el final la acusación por rebelión— y Joaquín Sánchez-Covisa, nombrado fiscal jefe de la sala de lo penal de la Fiscalía del alto tribunal español en mayo de 2022.

Son también los fiscales del Procés Javier Zaragoza y Consuelo Madrigal, que mantienen su posicionamiento más beligerante contra el independentismo. Los otros fiscales de la junta son: Consuelo Fidalgo, Juan Carlos López Coig, Manuel Martínez, María Ángeles Garrido, José Martínez Jiménez, Salvador Viada, Olga Sánchez, Justino Zapatero, Manuel Dolz y Álvaro Redondo, que ha defendido el informe de Tsunami.

Sin embargo, dado que los dos jefes de Penal, Cadena y Sánchez-Covisa, han tenido criterios dispares, se ha decidido, haciendo uso del artículo 24 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que el informe enviado al Supremo sea redactado por la teniente fiscal del TS, Ángeles Sánchez-Conde, fiscal muy próxima al fiscal general Álvaro García Ortiz.

Según ha podido saber Economist & Jurist, Sánchez-Conde tendrá ahora que preparar ese informe para el que no tiene un plazo fijado, con lo cual se prevé que aún se hará de esperar. Esta fiscal podrá mantener el criterio mayoritario de la Junta o cambiarlo de nuevo —y decir otra vez que no hay terrorismo— aunque la última palabra corresponderá a la Sala de Admisiones del Supremo.

Dicha sala está presidida por Manuel Marchena e integrada también por los magistrados Juan Ramón Berdugo, que será el ponente de la resolución, Eduardo de Porres y Carmen Lamela, que fue la encargada de instruir la causa del procés en la Audiencia Nacional antes de que la asumiera el Alto Tribunal.

En el caso de que el Supremo decidiera finalmente abrir una investigación, designará un instructor, que será quien acuerde las diligencias y cite a declarar a los investigados.

Una cita clave

Según explica alguno de los fiscales asistentes a dicha reunión que se ha extendido por espacio de cuatro horas, el intercambio de opiniones ha sido intenso. Los fiscales venían con los deberes hechos y habían estudiado muy bien el tema desde la perspectiva que querían defender con posterioridad en esta Junta de Fiscales del Supremo que tenía lugar en la sede de la Fiscalía General del Estado.

El sentir general tras estas deliberaciones es la existencia de delitos de terrorismo en esta puesta en común entre estos fiscales. Consideran los asistentes que ha sido una de las más importantes celebradas en los últimos años, donde pese a la defensa de su posición en favor de no investigar estos delitos por terrorismo que ha hecho Álvaro Redondo, la mayoría de fiscales se ha inclinado por la opción contraria.

Desde el Gobierno, la portavoz, Pilar Alegría, ha recordado que la ultima decisión sobre este tema está en manos del Fiscal General del Estado, como así lo indica la normativa actual. (Imagen: Moncloa)

Ahora es el mencionado artículo 24 del Estatuto Fiscal que se ha utilizado, nos dicen en pocas ocasiones, el que obliga al superior Ángeles Sánchez-Conde a pronunciarse, lo que le obligará a estudiar a fondo este asunto al no estar presente en esta Junta de Fiscales.

Los quince fiscales de penal que la componen evaluaron y debatieron el informe que presentó el ponente, en este caso, el fiscal Álvaro Redondo, envuelto en la polémica al señalar El Mundo que había cambiado su informe inicial a otro.

Si en un principio valoraba un posible delito de terrorismo en la causa de Carles Puigdemont por ‘Tsunami Democràtic’ ha desaparecido del informe final que defendió en esta reunión.

Sobre este informe, fiscales asistentes a esta Junta señalan que no tenía fundamento realmente. Así, uno de ellos señala que «ni de la base de los hechos ni de la base del derecho, es una gran equivocación aunque lo haya hecho de buena fe«.

Sobre esa trama rusa y su vinculación al terrorismo, Economist & Jurist ya publicaba un reportaje donde expertos como los abogados penalistas Alfonso Trallero y José Antonio Tuero y el catedrático de derecho penal de la Universidad Autónoma de Barcelona, Fermín Morales, coincidían en que dicha trama rusa quedaba fuera de la amnistía en estos momentos, a falta de modificar la ley en su vuelta a la Comisión de Justicia del Congreso en estos próximos días.

El fiscal Álvaro Redondo en su informe seguía la línea marcada por el fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo. Apuntaba en cambio a presuntos delitos de desórdenes públicos graves, daños, coacciones y falsedad.

Por su parte, la defensa de Josep Lluís Alay, mano derecha de Puigdemont, ha pedido la nulidad del caso ‘Tsunami Democràtic’ por vulneración de la ley. Sostiene que el juez García-Castellón incumplió en 2021 la ley de plazos para prorrogar la causa y que todas las actuaciones desde entonces, incluida la imputación del expresidente, son «nulas de pleno derecho», por lo que insta al archivo del procedimiento.

Con este pronunciamiento, la Fiscalía del Supremo se alinea con el juez instructor de ‘Tsunami Democràtic’, Manuel García Castellón, que pedía investigar por terrorismo a Puigdemont, al diputado del Parlament, Rubén Wagensberg, y a la secretaria general de Esquerra Republicana (ERC), Marta Rovira, entre otros.