PremiumJueces y abogados reconocen que la desconexión digital no se ha consolidado como derecho
Una parte importante de las empresas no cuentan con protocolo que lo regule ante la falta de sanciones contundentes
(Foto: E&J)
Jueces y abogados reconocen que la desconexión digital no se ha consolidado como derecho
Una parte importante de las empresas no cuentan con protocolo que lo regule ante la falta de sanciones contundentes
(Foto: E&J)
La llegada del mes de agosto y con ello de las vacaciones de muchos profesionales viene a reabrir el debate de la desconexión digital, un derecho laboral importado de Francia y que protege al trabajador en principio de no contestar correos electrónicos ni llamadas fuera de su horario de trabajo. Sin embargo, cinco años después no ha cuajado y los fallos judiciales no abren muchas expectativas.
Recientemente, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña dictaba una sentencia en la que declara que someter a un empleado a jornadas prolongadas y horarios intempestivos, comprometiendo así su derecho al descanso y a la desconexión digital, da derecho al trabajador a romper con su empresa, pero no a pedir una indemnización adicional por daños morales porque no supone el quebrantamiento de un derecho fundamental.
El derecho a la desconexión digital está presente en la LOPDGDD (ley de protección de datos personales) de 2018 en su artículo 88 y en la normativa de teletrabajo. También se regula el derecho a la desconexión digital en el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 20 bis y en el artículo 18 de la Ley del Teletrabajo, que remite al artículo 88 de la LOPDGDD, pero pese a ese marco legal, no ha cuajado en las empresas y muchas compañías no tienen protocolo de desconexión digital.
Economist & Jurist abre en este reportaje un debate en el que junto con la voz de la Inspección de Trabajo, garante de la legalidad se recogen las opiniones de dos abogados expertos en relaciones laborales que han diseñado estos protocolos de desconexión y dos magistrados de la jurisdicción social que afirman que pocos asuntos han llegado a sus juzgados.
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