La cuestión planteada no puede examinarse como un mero problema técnico de derecho transitorio. Se inserta en un momento especialmente sensible de la realidad social española marcado por la tensión entre el acceso a la vivienda, la protección del arrendatario, la rentabilidad legítima del propietario y la necesidad de preservar un marco contractual mínimamente previsible. […]
