Resistir por decreto

Mientras aguardan las elecciones autonómicas y su narrativa —esa irritante exhalación de falacias y mercadeo de voluntades—, las costuras de nuestro zaherido Estado de derecho se despuntan. A golpe de Real Decreto-Ley.

La aprobación de normas por la vía de urgencia, esto es, empleando el Decreto-Ley, el método del haragán que simplifica los plazos y rehúye del acuerdo parlamentario, se ha constituido como el motor de creación legislativa, sin que medie ni aprecie una verdadera motivación fundamentada en la “extraordinaria y urgente necesidad”, como reza nuestra Constitución.

Los 93 reales decretos aprobados durante la aún no extinta legislatura dan fe, no de la arbitrariedad —siempre creciente ante la impunidad— que por definición aplica en legislador en el uso de sus facultades, sino de la fragilidad de unas instituciones disfuncionales y sin capacidad fáctica para imponer un orden racional desde el punto de vista jurídico.

Así, unido a una ley electoral incapaz de hacer efectivo el principio de representación política, que de por sí vicia el fundamento primario de cualquier democracia; de una inestabilidad parlamentaria que redunda en el seno del resto de poderes del Estado; hemos de sumar una menguante —dizque nula— separación de poderes, que diluye, vía cuota de partido, la posibilidad de que el Tribunal Constitucional medie en el abuso.

Y si la sustancia está picada, la forma es fiel reflejo de la decrepitud del momento y de los personajes encargados de escenificarlo. Los preámbulos de las leyes, al no contar con el preceptivo dictamen técnico o sencillamente al no atender a su exigencia, han pasado a ser diatribas políticas plagadas de faltas de ortografía, como podemos observar, por ejemplo, en Ley Orgánica 5/2021, de 22 de abril, de derogación del artículo 315 apartado 3 del Código Penal: “desde la llegada al Gobierno del Partido Popular en diciembre de 2011, se inició un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades y especialmente de aquellas que afectan a la manifestación pública…”, reza el pasquín hecho norma, perpetrando el crimen y desmantelando, ella sí, parte del pudor gramatical ante nuestra lengua.

Por el aro del Real Decreto-Ley se han modificado normas civiles y mercantiles fundamentales para el entorno ciudadano, como la Ley de Arrendamientos Urbanos; económico-social de la nación, como la última reforma laboral; o de estabilidad presupuestaria, como la próxima reforma de las pensiones, dando fe de que el objeto de la norma puede ser prostituido a efectos de facilitar el trago político, siempre minorado ante unos tribunales silentes, cuyos miembros acaban siendo emisarios en lo judicial del cotarro de partidos políticos, verdadero esquema vertebral del poder de la nación.

El ritmo de aprobación vía decreto ya es mayor que el de producción legislativa ordinaria, lo que significa que desde el punto de vista cuantitativo el poder Ejecutivo, principal impulsor de las normas, ha desplazado al Legislativo, que aunque a posteriori los convalide —algo que curiosamente casi siempre ocurre— se ve incapacitado de tallar los preceptos legales a imagen de las distintas pulsiones parlamentarias, fideicomisarias de pequeños territorios o circunscripciones, perpetrando otra alteración sustancial de nuestro modelo democrático, supuestamente parlamentarista.

Si la maquinaria, el engranaje, asusta, la percha ética sobre la que se desliza la cosa, habría de espantarnos en búsqueda, al menos, de una nimia redención: Mª Encarnación Roca, exvicepresidenta del Tribunal Constitucional, reconocía mediante entrevista a Economist & Jurist que recibió “presiones por parte del poder político para votar a favor del Estado de alarma”, lo que da muestras de prácticas rayanas al hampa, por desgracia normalizadas y listón sobre el que se estructura la moralidad del conjunto.

Que entre la fanfarria que viene con las elecciones y su distracción, hay cuestiones vitales que precisan de una reacción urgente, no ya de unas demostradas incapaces instituciones, sino al menos del control de la opinión pública, insertando en agenda debates aún no ventilados ni resueltos, como el abuso del mecanismo de urgencia para aprobar leyes que nos obliga, sin duda, a resistir. Por desgracia siempre por decreto.